La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha completado al finalizar el mes de junio el abono de las ayudas destinadas a fomentar prácticas sostenibles en explotaciones destinadas al cultivo del algodón y la remolacha en Andalucía. En total, se ha abonado un montante de 10.621.430 euros, que llegan a beneficiar a 3.063 solicitantes y un total de 37.827 hectáreas de cultivo.
Estas subvenciones, que forman parte del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC), están reservadas a aquellas intervenciones de desarrollo rural centradas en los compromisos agroambientales en superficies agrarias que cultiven algodón o remolacha. Con esta intervención, el Gobierno andaluz busca compensar parte del gasto añadido que el agricultor debe afrontar para cultivar de forma sostenible. De esta forma, la Junta persigue conseguir una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola, a fin de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como velar por la sostenibilidad económica de la producción agrícola.
Para ello, la Junta de Andalucía ha divido esta ayuda en dos, buscando compromisos obligatorios y también voluntarios. Por un lado, ha exigido a las explotaciones subvencionadas que incorporen unos compromisos medioambientales obligatorios a la hora de trabajar el cultivo, exigiendo su certificación como producción integrada, disponer de un sistema de rotación que incorpore cultivos elegibles bajo esta operación y mantener la actividad agraria un mínimo de cinco años.
Además, los beneficiarios se comprometen a disponer de, al menos, media hectárea de cultivo, asistir a dos jornadas formativas y participar en un sistema de seguimiento técnico y verificación a través de una entidad de certificación en producción integrada. A su vez, deberán enterrar los restos de cultivos en la remolacha y picado e incorporar de restos de cosecha en algodón. Asimismo, deben establecer una enmienda orgánica mediante un cultivo de leguminosa en abonado en verde al menos una vez en toda la superficie durante los cinco años del compromiso.
Adicionalmente, los beneficiarios de la operación anterior pueden ser beneficiarios de la operación de compromiso voluntario que se establece para las explotaciones de menos de 15 hectáreas de superficie comprometida. En este caso, el compromiso consiste en el establecimiento de una enmienda natural mediante un cultivo de crucífera para su enterrado en verde, una vez en el periodo de compromiso, pudiendo realizarse un año sobre la totalidad de la superficie comprometida o en varios siempre que se alcance la totalidad de la superficie.
Sevilla y Cádiz, las provincias más beneficiadas
De los más de 10,6 millones de euros destinados a fomentar las prácticas sostenibles en este tipo de explotaciones, casi 9,5 millones de euros van destinados a las 3.063 explotaciones que han optado por introducir los compromisos obligatorios. De todas ellas, son 1.238 explotaciones las que también han recibido el abono de la prima del compromiso voluntario, sumando 1,1 millones de euros a la cifra anterior hasta alcanzar el montante total de 10,6 millones de euros.
En concreto, las explotaciones de Sevilla han recibido el abono de 7,5 millones de euros, de los cuales 6,7 millones son destinados a compromisos obligatorios y 800.000 euros para los compromisos voluntarios. En segundo lugar, se posiciona la provincia de Cádiz, con 1,8 millones de euros, destinando 1,7 a los compromisos obligatorios y 100.000 euros a los voluntarios.
Le siguen las provincias de Jaén, con casi 800 mil euros destinados a los compromisos medioambientales (600.000 para obligatorios y casi 200.000 euros para voluntarios), y Córdoba, con más de 350.000 euros (300.000 euros para obligatorios y 50.000 euros para obligatorios).
A un menor nivel, se sitúan las provincias de Huelva, con casi 35.000 euros abonados; Almería, con 11.000, y Málaga, con casi 4.000 euros.
En definitiva, estas subvenciones suponen un impulso decisivo para la sostenibilidad de la agricultura andaluza, reforzando su viabilidad económica, la resiliencia frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
