El Consejo de Gobierno ha acordado prestar su conformidad a que la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A. (Epgasa) se transforme en medio propio de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría operativa del sector público instrumental de la Junta de Andalucía. La conversión de Epgasa en una sociedad instrumental para la gestión inmobiliaria y el mantenimiento del patrimonio público andaluz requiere la modificación de sus estatutos, por lo que el Consejo de Gobierno ha autorizado también la modificación de varios artículos de sus estatutos.
Este acuerdo culmina el proceso de reestructuración de Epgasa en cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría operativa, que se apoya en dos pilares: la sustitución de los precios de mercado aplicados por Epgasa por un sistema tarifario de precios técnicos, que se formalizó en el articulado de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025, y su constitución como medio propio de la Junta de Andalucía, que va a tener un efecto inmediato en la mejora de la gestión del patrimonio público.
Como medio propio de la Junta de Andalucía, Epgasa podrá colaborar con ésta en la gestión del patrimonio inmobiliario, lo que supone un evidente ahorro de tiempo y dinero. Epgasa tiene una amplia solvencia técnica y conocimiento del sector inmobiliario, así como dilatada experiencia en la gestión del patrimonio público.
Por ello, el acuerdo del Consejo de Gobierno confiere una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del patrimonio público y potencia la rentabilidad de otros activos inmobiliarios de la Junta de Andalucía. Entre los efectos que tiene la adaptación a las recomendaciones de la auditoria operativa de esta empresa pública destacan los ahorros en alquileres que va a suponer para la administración autonómica. Hay que recordar que el 74% de los ingresos que actualmente genera Epgasa por su actividad inmobiliaria (8,88 millones de euros) proceden de arrendamientos del sector público andaluz (6,77 millones de euros).
En este sentido, su adaptación a las recomendaciones de la auditoría operativa del sector instrumental supondrá un ahorro para la Junta de Andalucía de más de 10 millones de euros. Así, la transformación de los alquileres a precio de mercado en tarifas técnicas supone un ahorro anual de entre 4,5 y 5,3 millones de euros, al que hay que sumar el ahorro que se generará por el uso como sedes administrativas de edificios actualmente sin uso o infrautilizados, que podría situarse en unos 5,6 millones al año.
Además, la propia empresa, cuyo capital es cien por cien de la Junta de Andalucía, se ahorraría entre 1,2 y 1,4 millones de euros al año en concepto de Impuesto de Sociedades, al dejar de figurar como beneficio empresarial los ingresos que le genere el alquiler de sus inmuebles a la Junta de Andalucía.