Ecologistas en Acción ha remitido tres escritos a la alcaldesa de Sanlúcar en los que insta al gobierno municipal a cumplir con diversas normativas ambientales de obligado cumplimiento. La organización reclama la elaboración y aplicación del Plan Municipal frente al Cambio Climático, la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica de los residuos municipales y el desarrollo de Zonas de Bajas Emisiones.
La Ley 8/2018 contra el Cambio Climático en Andalucía, en vigor desde enero de 2019, establece que todos los municipios andaluces deben contar con un Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático, cuyo plazo de aprobación expiró el 10 de octubre de 2022. Sin embargo, Sanlúcar aún no ha iniciado la elaboración de este plan, acumulando más de dos años de retraso. Pese a que en octubre de 2019 el Pleno municipal aprobó por unanimidad la Declaración de Emergencia Climática, que incluía el compromiso de redactar y ejecutar dicho plan con participación ciudadana, y en junio de 2022 se aprobó por mayoría el Plan de Medidas frente al Cambio Climático, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna de estas iniciativas.
En lo que respecta a la gestión de residuos, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de la fracción orgánica desde el 1 de julio de 2022, ampliándose esta obligación a todos los municipios a partir del 1 de enero de 2024. La normativa establece que esta recogida debe realizarse a través de sistemas eficaces, como el modelo puerta a puerta o el quinto contenedor con control de usuario, para evitar experiencias fallidas de implantación sin control previo. Sin embargo, Sanlúcar sigue sin cumplir esta obligación, acumulando ya dos años y medio de retraso. La falta de separación de los residuos orgánicos supone un sobrecoste económico de 40 euros por tonelada de residuos debido al impuesto por vertido y un impacto ambiental significativo, ya que la descomposición de la materia orgánica en los vertederos genera emisiones de metano, un gas con un alto efecto invernadero. En la última reunión del Consejo Local de Medio Ambiente, celebrada el 31 de enero de 2024, se acordó instar al gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley de residuos.
Otra de las obligaciones que el Ayuntamiento de Sanlúcar sigue sin atender es la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con estas zonas, en las que se apliquen restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El plazo para cumplir con esta normativa expiró el 1 de enero de 2023, pero Sanlúcar aún no ha iniciado los trámites necesarios para su implementación. De los 30 municipios andaluces obligados a adoptar estas medidas, nueve ya han implantado las Zonas de Bajas Emisiones, 19 están en proceso de tramitación y solo dos, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, no han iniciado el procedimiento.
En septiembre de 2023, el Ayuntamiento aprobó su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que contempla la posibilidad de establecer cinco Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad. No obstante, Ecologistas en Acción denuncia que hasta el momento no se ha dado ningún paso en esta dirección y reclama la tramitación urgente de al menos tres Zonas de Bajas Emisiones en el Barrio Alto, el Barrio Bajo y la zona de El Palmar-El Palomar. La organización ecologista insiste en que este proceso debe llevarse a cabo con transparencia y garantizando la participación ciudadana.