El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que la Junta de Andalucía, junto con la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) y la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (ANDMUPES), han suscrito un posicionamiento común en defensa del sector pesquero andaluz para rechazar de forma contundente la imposición de un Total Admisible de Capturas (TAC) para la gamba roja en el mediterráneo en 2026.
El documento, firmado conjuntamente con el sector, será trasladado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como muestra de una reclamación que el consejero Ramón Fernández-Pacheco ha calificado de “justa y legítima”.
“Desde la Junta de Andalucía queremos dejar muy claro nuestro apoyo firme al sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo andaluz, un sector que está siendo injustamente tratado por la Comisión Europea”, ha afirmado Fernández-Pacheco, que denuncia la continua reducción de días de pesca y las restricciones impuestas en los últimos años.
En este sentido, ha recalcado que “la pesca debe ser sostenible, pero también tiene que ser viable y rentable. No aceptamos la imposición de un TAC en 2026. El sector pesquero andaluz sabe que cuenta con el respaldo total y absoluto de su Gobierno”, ha asegurado.
Informes científicos que lo avalan
Las entidades firmantes subrayan que los informes científicos más recientes de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Catalán del Mar confirman la recuperación del ‘stock’ de gamba roja y el mantenimiento de la actividad dentro de parámetros de sostenibilidad.
“Los datos científicos más actuales demuestran que la gamba roja se encuentra en niveles biológicos seguros y que los caladeros se están recuperando gracias al esfuerzo del propio sector”, ha subrayado el consejero.
La flota andaluza ha sostenido una reducción de más del 40 % de los días de actividad, la implantación de mallas más selectivas y diversas limitaciones adicionales que, según el presidente de FAAPE, José María Gallart, “han provocado un estrangulamiento progresivo del sector, que necesita viabilidad económica para sobrevivir”.
Desde la Junta de Andalucía y las organizaciones pesqueras firmantes se defiende un modelo de gestión basado en el control del esfuerzo pesquero, las vedas y las medidas técnicas, frente a un reparto por cuotas o volumen, que consideran perjudicial e innecesario.
