El Ayuntamiento de Sanlúcar someterá a votación en el pleno de esta tarde la aprobación inicial de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida afectará principalmente a los barrios Bajo y Alto, donde quedará restringida la circulación de los vehículos más contaminantes.
La delimitación aprobada establece que la ZBE comprenderá, en el Barrio Bajo, el área delimitada entre la Avenida del Quinto Centenario, calle Hermano Fermín, Calzada de la Duquesa Isabel, Infanta Beatriz, Avenida Cabo Noval, San Nicolás, avenida de la Constitución, calle Baños, Carmen Viejo y calle Alcoba. En el Barrio Alto, los límites alcanzan las calles Sevilla, Santa Brígida, San Agustín, Pozo Amarguillo, Sebastián Elcano, Ganado, San Miguel y Huerta de Manjón. Además, la ordenanza prevé la futura creación de Zonas de Especial Sensibilidad en entornos escolares, hospitalarios y residencias de mayores.
El delegado de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital, ha insistido en que esta ordenanza “no es fruto de la improvisación, sino del trabajo riguroso de los servicios técnicos municipales y del cumplimiento de las obligaciones legales que imponen las normativas europea, estatal y autonómica”. En este sentido, recordó que la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto 1052/2022 hacen obligatoria la implantación de las ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes.
La ordenanza contempla una implantación progresiva y flexible, con excepciones para residentes, trabajadores, personas con movilidad reducida, vehículos de emergencia y servicios esenciales. También se prevén franjas horarias diferenciadas para facilitar la adaptación de los vecinos y el tejido económico local.
El control se realizará mediante un registro municipal de vehículos autorizados y un sistema automatizado de accesos, conforme a la normativa de protección de datos. El régimen sancionador establece que circular, estacionar o acceder sin permiso a la ZBE será considerado infracción grave, sancionada con 200 euros, tal y como recoge el artículo 76 z3) de la Ley de Tráfico. La ordenanza fija un periodo de adaptación de tres meses desde su entrada en vigor antes de aplicar las multas.
La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha defendido que la norma supone “un paso decisivo hacia una Sanlúcar más saludable, segura, justa y sostenible”, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Además, subrayó que su aprobación es condición necesaria para que el municipio siga recibiendo la subvención estatal destinada al transporte público urbano en autobuses.
El Gobierno municipal ha apelado a la responsabilidad de la oposición para respaldar la medida. “No se trata de una cuestión partidista, sino de un compromiso institucional con la salud y el futuro de Sanlúcar”, señaló la alcaldesa.
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