El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado durante el debate de totalidad en el Parlamento del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), al que el Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 1 de octubre, que con esta norma culmina la mayor reforma universitaria que «dotará a la comunidad de un marco adecuado y estable para que las universidades andaluzas, además de seguir siendo buques de conocimiento, innovación y progreso, puedan mirar al futuro con seguridad y certidumbre». Así, ha destacado que este texto legal tiene como objetivos principales proteger el sistema público universitario, ampliar los derechos del estudiantado, estabilizar la carrera académica, impulsar la internacionalización, mejorar la gobernanza, potenciar la transparencia de las instituciones académicas o la autonomía en políticas de personal, académica y de organización.
Durante su intervención, Gómez Villamandos ha querido agradecer el esfuerzo a todos aquellos –rectores, estudiantado, consejos sociales y organizaciones empresariales y sindicales– que han participado, con su trabajo y sus aportaciones, en la elaboración de este proyecto de Ley, toda vez que ha asegurado que el escenario histórico en Andalucía necesitaba de una norma que respondiera al contexto actual, a los desafíos del siglo XXI y a las adaptaciones universitarias que requiere la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por lo que «espero que la LUPA sea la expresión de un consenso que va más allá de lo político y que mira hacia el futuro». «No se trata solo de regular instituciones, sino de definir un modelo de universidad que combine excelencia académica, compromiso social, internacionalización e impacto en el territorio, regulando docencia, investigación y transferencia como pilares fundamentales e inseparables», ha manifestado.
De este modo, en el capítulo de los derechos del estudiantado, Gómez Villamandos ha resaltado que en la Ley universitaria estos «se reconocen y se amplían para que las universidades andaluzas sean espacios inclusivos y participativos». Así, se recoge, por primera vez, la bonificación de las matrículas universitarias como un derecho del alumnado, una medida que cuenta con una dotación de 43,66 millones de euros e implica la compensación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Además, ha indicado que la norma contempla la suspensión temporal de estudios, que tendrán que desarrollar las universidades, así como la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas, especialmente en el caso de los deportistas de alto rendimiento, o el derecho a la desconexión digital de los estudiantes. Sobre el paro académico, el consejero ha señalado que se fija por ley un marco común para que «todos nuestros estudiantes estén en las mismas condiciones, pero atendiendo a la vez a la singularidad de cada universidad».
Igualmente, el consejero de Universidad ha señalado que el futuro marco normativo incorpora por primera vez la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias estudiantiles, una cuestión «olvidada tanto en la LOSU», al tiempo que incluye la promoción de programas para la movilidad estudiantil, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+, cuyo presupuesto se verá aumentado otro 5% el próximo curso para «alcanzar, tal y como nos comprometimos, el 10% de incremento», ha apostillado.
En este punto, Gómez Villamandos se ha referido al impulso de la internacionalización del sistema universitario andaluz, fomentando la movilidad de estudiantes y profesorado por parte de las universidades, la promoción de becas y ayudas al estudio, la participación en redes internacionales y la creación de centros en el extranjero, bajo la coordinación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Para el consejero, «la internacionalización supone la mejor vía para contar con un sistema de educación superior más abierto al mundo, con el que exportar nuestras ideas e importar el talento a nuestra tierra».
Por otra parte, y en relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, Gómez Villamandos ha subrayado que «el espíritu de la LUPA es claro: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional«. Así, en su articulado, se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor sustituto interino y se instaura, por primera vez, la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también será exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales y que «contará con ayudas específicas de la Junta de Andalucía y de las propias universidades». Al respecto, ha recordado que, en paralelo a la Ley, desde la Consejería se ha trabajado con firmeza para reconocer los derechos del PDI a través de unos complementos autonómicos anuales y desarrollando la carrera horizontal del PTGAS, al que la LUPA reconoce la posibilidad de percibir el premio de jubilación, una cuestión no regulada previamente en la Ley Andaluza de Universidades (LAU).
Importantes novedades en el ámbito de la gobernanza
En su comparecencia, el consejero ha subrayado también que la norma introduce importantes novedades en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades tendrán mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, que permitirá canalizar propuestas y consultas de forma estable. Asimismo, el texto normativo redefine el papel del Consejo Social, reforzando su capacidad de supervisión y de conexión entre la universidad y la sociedad, y actualiza el régimen del rectorado, que se configura como alto cargo público, con mayores responsabilidades en transparencia y rendición de cuentas.
En materia de financiación, Gómez Villamandos ha indicado que la LUPA consolida y da estabilidad al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se establece el uso de remanentes no afectados, que permitirá a las universidades públicas planificar su gestión.
Junto a estas medidas, otras de las novedades es que las instituciones académicas contarán con la figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración, toda vez que se refuerzan las competencias de inspección, evaluación y sanción, para «asegurar que la autonomía universitaria se ejerza con responsabilidad y rendición de cuentas ante la sociedad andaluza», ha señalado el consejero.
Más requisitos para la creación de universidades privadas
Gómez Villamandos ha apuntado también que la Ley universitaria aumenta los requisitos generales y específicos para la creación o reconocimiento de universidades privadas. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Asimismo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación.
Por último, el titular de Universidad ha puesto en valor que la LUPA reconozca expresamente el papel de las universidades como agentes de cohesión territorial y desarrollo regional, porque las instituciones académicas de educación superior «no son solamente lugar de enseñanza, aprendizaje e investigación, sino que vertebran el territorio, generan empleo cualificado, fomentan la cultura y dinamizan la vida económica y social de las provincias», por lo que la Ley Universitaria para Andalucía «no es solo una norma técnica o administrativa, sino también una apuesta de futuro».
