Un sector consolidado, con fuerte arraigo territorial y grandes retos de futuro, como el relevo generacional y la digitalización. Esas son algunas de las conclusiones que pueden extraerse de un estudio realizado por la Diputación de Cádiz sobre la situación actual de las entidades de economía social del sector agroalimentario de la provincia. El informe, para cuya elaboración se ha contado con las aportaciones de medio centenar de estas entidades, servirá de base para el futuro Plan Integral de Impulso, Fortalecimiento y Consolidación de las Empresas de Economía Social del Sector Agroalimentario, en el que participará la provincia de Cádiz junto al resto de territorios de España y Portugal destinatarios del proyecto de cooperación europeo ‘Agrosocial’.
El estudio refleja un tejido histórico y consolidado, ya que casi la mitad de las entidades analizadas se fundaron antes de 1999. Del resto, la mayoría surgieron en dos momentos concretos: a partir de los 2000, vinculado a la expansión agroalimentaria, y tras 2015, impulsado por la economía social. El periodo más reciente (2020–2025) muestra menos creación, coherente con un contexto marcado por incertidumbres y crisis sucesivas, recoge el estudio.
La mayoría de estas cooperativas agroalimentarias tienen una base social “muy reducida”: más del 37 por ciento son microentidades (1–10 personas) y un 25 por ciento son pequeñas (de 11 a 50 personas). De tamaño mediano (de entre 51-250 personas) es el 20 por ciento de las entidades consultadas y el 17,5 por ciento supera las 250 personas. La consecuencia es un tejido empresarial “fuertemente atomizado”, donde predominan las organizaciones de escala limitada, con estructuras internas ajustadas y alta dependencia de pocos socios.
En cuanto a la actividad principal, el tejido de economía social agroalimentaria en la provincia está claramente dominado por la agricultura (cultivos extensivos, hortícolas, viñedos, olivares, frutales…), en el que operan cerca del 40 por ciento de las entidades estudiadas. Le siguen la pesca con un 24 por ciento y la ganadería, que aporta otro 15 por ciento. Otras actividades, como servicios (casi 11 por ciento), transformación (8,7 por ciento) y distribución (2,2 por ciento) también tienen presencia pero de forma más reducida.
Los datos sobre la franja de edad predominante también revelan cuestiones interesantes: en casi el 58 por ciento, predominan personas de 46 y 60 años; en un 28,9 por ciento tienen entre 30 y 45 años y un 13,3 por ciento se sitúa por encima de los 60 años. El hecho de que prácticamente no aparezcan personas con menos de 30 años como grupo dominante, indica un reto de relevo generacional.
Este del relevo generacional es, precisamente, el principal problema identificado por estas empresas (33,3 por ciento), seguido de un “insuficiente” apoyo institucional (20,5 por ciento) y problemas de comercialización (17,9 por ciento), que reflejan tanto la dificultad para acceder al mercado como la necesidad de un acompañamiento público más estable. También aparecen, con pesos relevantes, la inversión en infraestructuras y la visibilidad (12,8 por ciento cada una), así como retos vinculados a la competencia, el cambio climático y la rentabilidad económica (10,3 por ciento) entre otras necesidades estratégicas.
También es interesante la visión de futuro que tienen de sí mismas. Cuando se proyectan a diez años vista, imaginan un futuro más tecnológico (57 por ciento), más digitalizado y sostenible (41 por ciento) y con mayor presencia de mujeres participando en ellas (27,3 por ciento). Un 18,2 por ciento expresa una visión pesimista (“sin futuro”). Esto indica que, en conjunto, predomina una expectativa de modernización y adaptación, aunque con una minoría que anticipa dificultades serias.
Para alcanzar esa visión, estas entidades coinciden en considerar necesaria la inversión en infraestructuras (32,5 por ciento). Le siguen, de nuevo, el relevo generacional (20 por ciento) y la modernización tecnológica (17,5 por ciento), lo que refleja la preocupación por la continuidad del sector y su actualización productiva, según el estudio. En un segundo bloque, con un peso muy similar (15 por ciento de las encuestadas), aparecen la mejora de procesos, la capacitación, la promoción y el marketing y el apoyo institucional, lo que indica que las entidades ven imprescindible reforzar tanto su organización interna como su posicionamiento en el mercado y el acompañamiento público. Otros aspectos, como el fomento de la economía social, la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental, aparecen presentes aunque con menor intensidad, tal y como aparece indicado en el informe.
El estudio también evidencia un nivel de digitalización moderado-bajo, con solo un 9 por ciento de entidades completamente digitalizadas y un 60 por ciento sin canales de venta virtuales. No obstante, muestran interés en formarse en nuevas tecnologías (65,9 por ciento), además de en comercialización y acceso a mercados, seguridad alimentaria, gestión, producción sostenible e igualdad de género.
En materia de igualdad de género, los datos revelan una brecha significativa entre la percepción y la realidad. Aunque más del 90 por ciento de las entidades encuestadas considera que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades dentro de la empresa, la presencia real de mujeres en los consejos rectores es muy reducida. En la mitad, de hecho, no hay ninguna.
Finalmente, entre otros muchos datos, el estudio revela qué tipo de innovaciones consideran más necesarias para la empresa: en primer lugar, señalan la necesidad de maquinaria y equipamiento modernos (61,9 por ciento), seguida de las tecnologías de gestión y digitalización (57,1 por ciento) y de técnicas de producción y manejo avanzadas (52,4 por ciento). También destacan los nuevos productos y formulaciones (50 por ciento) y, en menor medida, las energías renovables y la eficiencia energética (35,7 por ciento). En conjunto, se dibuja un sector que demanda sobre todo modernización de procesos y tecnología aplicada al día a día.
Un avance de estos resultados se dio a conocer hace unos días, en una jornada impulsada por la Diputación -a través del IEDT- en la ciudad de Algeciras, a la que asistieron representantes del sector de la economía social agroalimentaria de la provincia.
Agrosocial es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que participa la Diputación de Cádiz, a través del IEDT. El objetivo es dinamizar e impulsar la economía social como pilar clave de la recuperación económica y social de España y Portugal. Este proyecto está cofinanciado al 75 por ciento por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa INTERREG España-Portugal. El presupuesto total es de cerca de 2 millones de euros, de los que en torno a 236.000 euros están destinados a las acciones que se llevan a cabo en la provincia de Cádiz.
