El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe sobre el impacto del Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda durante su primer año en vigor. Hasta 180 municipios andaluces se han adherido a las medidas puestas en marcha para facilitar la disposición de suelos y aumentar la oferta de vivienda protegida. Además, se han activado proyectos para 8.256 viviendas y se ha abierto la puerta a nueve iniciativas para incorporarse a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) con capacidad para otras 20.000 viviendas, cerca de la mitad de ellas protegidas.
El decreto ley perseguía, sobre todo, aumentar la oferta de vivienda protegida a precio asequible para dar respuesta a la urgente necesidad de acceso a un hogar. Para ello, se ha dispuesto de una serie de herramientas, principalmente a los ayuntamientos, para facilitar la disponibilidad de suelo urbanizado para vivienda protegida, agilizar la construcción de viviendas protegidas (VPO) e incentivar el uso residencial frente a otros usos en un plazo de cinco años.
Además, anticipaba una serie de medidas que han sido incluidas con posterioridad en la Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el 24 de enero de 2026. Los ayuntamientos tenían un año, hasta el 4 de marzo de 2026, para adherirse a las medidas temporales del decreto ley, como cambios de uso de suelos o el incremento de densidad y edificabilidad para nuevas viviendas protegidas.
Una vez concluido este plazo, 180 municipios andaluces se han acogido a las medidas urgentes implantadas por la Junta de Andalucía, que cubren más de seis millones de habitantes (6.090.211), un 70,3% de la población andaluza. Por provincias, se han adherido 38 municipios de Almería, 23 de Cádiz, 21 de Córdoba, 19 de Granada, 13 de Huelva, 10 de Jaén, 35 de Málaga y 21 de Sevilla, coincidiendo en su mayoría con los territorios con una mayor demanda residencial.
Estos municipios adheridos tienen un plazo de dos años para solicitar licencia de obras y tres años para ejecutar promociones de viviendas protegidas con las condiciones que marca el decreto ley. No obstante, en este primer año desde la entrada en vigor, ya se han impulsado proyectos residenciales con una previsión de 8.256 viviendas protegidas, sobre todo en las capitales de provincia.
Otra de las líneas abiertas con el decreto ley ha sido la bolsa de suelos para vivienda protegida, que se presentó en septiembre de 2025 con información de los 13 municipios andaluces de más de 100.000 habitantes (Almería, Roquetas de Mar, Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Marbella, Sevilla y Dos Hermanas). Desde entonces se han seguido incorporando parcelas, hasta contar con suelos disponibles, urbanizados y listos para construir 43.313 viviendas, incluyendo en esta cifra 6.958 viviendas en suelos dotacionales y 2.442 en suelos terciarios. La Ley de Vivienda de Andalucía consolidará esta medida con la aportación progresiva de los datos del resto de municipios andaluces.
El decreto ley también ha puesto el acento en agilizar y simplificar la tramitación, con la incorporación de proyectos residenciales a la Unidad Aceleradora de Proyectos, con una serie de requisitos como una reserva de suelo para, al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que su construcción se inicie en un plazo inferior a cinco años. También podrán asignarse iniciativas residenciales de más de 500 viviendas que incluyan en sus determinaciones la reserva legal de vivienda protegida y una programación de iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años.
Actualmente, hay un proyecto incorporado a la Unidad Aceleradora de Proyectos, en Tarifa (Cádiz), para 514 viviendas, de las que 283 serán de carácter protegido, y se encuentran otros ocho en diferentes fases de tramitación otros ocho. En total, nueve proyectos con una previsión de 20.371 viviendas, con 8.742 protegidas en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.
Por último, se han incorporado una serie de medidas de simplificación administrativa que tienen efecto en convocatorias de ayudas como el Programa de Fomento del Parque Público de Vivienda en Alquiler, que se lleva desarrollando desde 2019 y que en 2025 permitió la firma de acuerdos bilaterales para 1.341 viviendas por un importe de 38,8 millones de euros. El decreto ley ha servido de anticipo a la Ley de Vivienda de Andalucía que, con su entrada en vigor, permitirá el desarrollo de instrumentos más amplios para ampliar la oferta de vivienda, como las áreas prioritarias o nuevas líneas de colaboración público-privada.
