El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que modifica el Decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias para paliar los efectos de las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026 en el potencial productivo agrario, infraestructuras hidráulicas y el dominio público hidráulico de Andalucía.
En concreto, se ha acordado introducir un nuevo artículo (en concreto, el 16 bis) que permite aplazar o fraccionar el pago del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua de 2025 a los regantes de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce. Aunque estas cuotas se refieren al año pasado, su liquidación y abono se realiza ahora y coincide, por tanto, con situaciones complejas de tesorería en numerosas explotaciones agrícolas andaluzas.
A menos que los beneficiarios indiquen un período inferior, se concederá un plazo de año en el caso de los aplazamientos; y de dos años para quienes prefieran fraccionar el pago. El tiempo comenzará a contar tras registrarse la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento especial y no se exigirán garantías ni se aplicarán intereses de demora.
La medida busca ofrecer alivio financiero inmediato adaptando el cumplimiento de las obligaciones de los agricultores a una situación excepcionalmente complicada como la actual. El tren de borrascas complicó la actividad agrícola en determinadas zonas de Andalucía al conllevar encharcamientos prolongados de los suelos, daños en caminos que dan acceso a explotaciones agrarias y desperfectos en los sistemas de riego. Como consecuencia, no se pudieron realizar con normalidad las labores de preparación de tierras, de siembra y de seguimiento de los cultivos plantados. Todo ello desencadenó en una situación que ha obligado a los regantes a hacer frente a pérdidas de producción e incremento de costes que han tensionado la economía de sus empresas.
La posibilidad de flexibilizar estos pagos relativos a 2025 se suma a la bonificación del 100% de las cuotas de 2026 para los titulares de derechos al uso de agua para riego que sean beneficiarios de obras de regulación u otras actuaciones hidráulicas específicas en los ámbitos territoriales de los sistemas del Guadalete, del Barbarte, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce. Esta medida ya estaba incluida en el Decreto ley aprobado en febrero de 2026 por la Junta de Andalucía.
