La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha intervenido en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, durante el debate de la moción que insta al Gobierno de España a garantizar la transparencia, la protección ambiental, la seguridad jurídica y la lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas.
En el transcurso de su intervención, Catalina García ha trasladado el posicionamiento institucional del Gobierno andaluz respecto a un asunto que «trasciende -ha afirmado- lo estrictamente técnico, y afecta de manera directa al modelo de gestión del litoral, a la organización territorial del Estado y a la vida cotidiana de miles de ciudadanos».
García ha recordado que Andalucía cuenta con más de 1.100 kilómetros de costa y una franja de dominio público marítimo-terrestre de más de 2.000 kilómetros, protegido por una franja de, aproximadamente, 15.800 hectáreas de zona de servidumbre de protección (ZSP) que incide en 90 municipios, «lo que convierte cualquier modificación normativa en una cuestión de especial relevancia social, ambiental y económica». Así, ha sostenido que «hablar de costas en Andalucía es hablar de municipios enteros, de actividades productivas ligadas al litoral y de un patrimonio natural que debemos proteger».
En relación con la protección ambiental, la consejera ha insistido en que Andalucía comparte plenamente la necesidad de conservar el litoral, pero ha señalado que esa protección «debe basarse en criterios sólidos, estables y adaptados a los desafíos actuales». «Proteger nuestro litoral es irrenunciable, pero proteger mejor significa gestionar mejor y con una visión a largo plazo», ha abundado.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz ha señalado igualmente que «el contexto ambiental ha cambiado significativamente desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, con fenómenos como la regresión de playas, la erosión costera o los efectos del cambio climático, que ya están teniendo un impacto directo en el territorio y que, según estudios realizados en Andalucía, puede provocar incluso la desaparición de numerosas playas». En este sentido, ha incidido en que «las decisiones deben responder a análisis técnicos contrastados, y no a actuaciones puntuales derivadas de episodios extremos aislados».
En esta línea, ha puesto como ejemplo el deslinde del entorno de Doñana, una actuación de gran impacto territorial que ha generado preocupación entre distintos sectores. «Más allá de su justificación técnica, estamos ante una decisión de enorme trascendencia que ha hecho que la Junta de Andalucía haya tenido que actuar con contundencia, interponiendo un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial que aprueba ese deslinde, solicitando su suspensión cautelar», ha señalado.
En su alocución, ha precisado a este respecto, que «lo hemos hecho, no por confrontación, sino por responsabilidad, porque creemos que decisiones de esta magnitud no pueden adoptarse sin seguridad jurídica, sin diálogo institucional y sin tener en cuenta la realidad social y económica del territorio ni cuestiones técnicas contrastadas».
Seguridad jurídica: certidumbre para ciudadanos y actividades consolidadas
Otro de los ejes centrales de la intervención ha sido la seguridad jurídica, que la responsable autonómica ha calificado como «condición imprescindible» para cualquier modelo de desarrollo sostenible. «No puede haber sostenibilidad ni convivencia ordenada en el litoral si se generan escenarios permanentes de incertidumbre», ha aseverado.
Catalina García ha advertido de que determinadas prácticas, como la política de deslindes o la aplicación inmediata de nuevos criterios regulatorios a procedimientos ya iniciados, «han provocado conflictos y desconcierto entre ciudadanos y sectores económicos». En este contexto, ha hecho mención expresa al impacto que la modificación del Reglamento de Costas puede tener sobre los establecimientos económicos del litoral, especialmente aquellos de carácter tradicional y familiar.
«Estamos hablando de negocios que iniciaron sus trámites al amparo de una normativa clara y estable, y que ahora ven cómo se modifican las reglas durante el proceso», ha indicado, advirtiendo de que esta situación puede vulnerar el principio de confianza legítima. «La seguridad jurídica no es un privilegio, es una garantía básica del Estado de Derecho», ha manifestado.
Lealtad institucional y respeto al modelo autonómico
Sobre la lealtad institucional, la consejera ha abogado porque cualquier modificación normativa se realizace desde el diálogo y la cooperación entre administraciones. Así, ha afirmado que «el Estado autonómico ha evolucionado profundamente en las últimas décadas, y hoy las comunidades autónomas tienen responsabilidades directas en ordenación del territorio, medio ambiente y gestión del litoral».
Asimismo, ha lamentado «la falta de información y participación de las comunidades autónomas en el proceso de modificación del Reglamento de Costas, a pesar de las consecuencias directas que tiene sobre sus competencias». En este punto, ha mencionado el procedimiento de infracción incoado por la Comisión Europea, «cuya tramitación ha evidenciado carencias en el intercambio de información institucional».
Igualmente, ha subrayado la posición común expresada por todas las comunidades autónomas litorales, que reclamaron de forma conjunta una reforma de mayor alcance y la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas. «No se trata de confrontar, sino de construir soluciones compartidas desde el respeto mutuo», ha indicado.
Catalina García ha concluido su intervención reiterando que la moción debatida «no pretende debilitar la protección del litoral ni cuestionar la acción del Estado, sino mejorar la eficacia del sistema desde el consenso». «El litoral no puede ser un espacio de conflicto permanente; debe ser un espacio de equilibrio, cooperación y futuro», ha concluido.
La consejera ha acudido a la Cámara Alta acompañada por el viceconsejero, Sergio Arjona, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, y la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Teresa Astolfi.
