La Justicia vive desde el 1 de julio una de sus mayores transformaciones en décadas con la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia, que suponen una nueva estructura que acaba con los tradicionales juzgados unipersonales, dirigidos exclusivamente por un juez. La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia impone la entrada en vigor de este modelo de órgano colegiado, compuesto por varios jueces, en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, lo que en Andalucía se traduce en su aplicación en 70 de los 85 partidos judiciales de nuestra comunidad, es decir, en más del 82%. El resto se aplicará en dos fases más de aquí al 31 de diciembre.
Para hacer posible esta reforma, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir una inversión en solitario que supera los 54,4 millones de euros solo para las dos primeras fases, ya que, aunque la Ley ha sido impulsada por el Estado, carecía de memoria económica. Esta transformación requiere de adaptaciones y ampliaciones de los sistemas informáticos, de instalaciones y de las plantillas.
Solo en materia de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará 3,7 millones de euros más al personal de estos 70 juzgados, ya que ha incrementado la plantilla en 80 funcionarios más y ha creado puestos de jefaturas, con sus correspondientes complementos, que hasta ahora no existían. De estas plazas, 60 son de nueva creación y 20 son plazas hasta ahora ocupadas por refuerzos, que ya pasarán a ser estructurales.
Los partidos judiciales que se transforman desde este momento son aquellos que cuentan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, donde trabajan en Andalucía más de 4.000 funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta. Además, los 95 Juzgados de Paz de estos 70 partidos judiciales se transforman también ya en Oficinas de Justicia Municipales.
Desde este momento, cada partido judicial pasa a ser un tribunal de instancia y en lo que al personal funcionario se refiere, se organizarán a través de los servicios comunes. Así, todas las oficinas judiciales contarán con un servicio común de tramitación, al que se sumarán otros como el común general y el de ejecución, en función de las características del partido judicial.
Por provincias
Por provincias, en Almería son todos los partidos judiciales menos el de la capital, es decir, Berja, El Ejido, Huércal-Overa, Purchena, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio y Vera; en Cádiz afecta a los de Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique.
En Córdoba también se aplica ya la reforma estatal en todos los partidos judiciales menos la capital, que son los de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil, mientras que en Granada afecta a Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Santa Fe.
En Huelva y en Jaén afecta a todos excepto a las dos capitales, esto es, los partidos judiciales onubenses de Aracena, Ayamonte, Moguer, La Palma y Valverde del Camino, y los jienenses de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, La Carolina, Cazorla, Linares, Martos, Úbeda y Villacarrillo.
En la provincia de Málaga, los tribunales de instancia comienzan a funcionar en Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Ronda, Torrox y Vélez-Málaga. Por último, en Sevilla se implanta en todos los partidos judiciales menos la capital, es decir, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera.
La segunda fase de la Ley está prevista para el 1 de octubre, que en Andalucía afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. Y a 31 de diciembre de 2025 la reforma llegará a las ocho capitales de provincia y a Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril, y afectará a 5.000 profesionales.
Andalucía tendrá que asumir un coste total que superará los 57 millones de euros, informó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en el Consejo de Gobierno, donde se acordó instar al Gobierno de la nación a dotar a la comunidad con los medios económicos necesarios. “Es un yo invito y tú pagas llevado al extremo”, señaló entonces el consejero.
