El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030, documento de planificación impulsado y coordinado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y que implica a toda la Junta de Andalucía al contemplar medidas y políticas transversales que persiguen un desarrollo equilibrado de todo el territorio andaluz. Los principales objetivos pasan por alcanzar los diez millones de habitantes en Andalucía en 2050.
La estrategia parte de una nueva visión de lo rural y lo urbano, destacando las potencialidades de nuestros pequeños pueblos y alejada de conceptos como el de Andalucía vaciada. Con esta mirada, la apuesta es mantener en los próximos 25 años la inercia de crecimiento registrada desde el 2000 y alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050. Para ello es necesario elevar la esperanza de vida de la población andaluza, mejorar las tasas de natalidad y seguir gestionando de manera ordenada un saldo migratorio integrador positivo.
Para alcanzar esta cifra, el documento se vertebra en cuatro ejes, uno transversal, que fija la perspectiva demográfica como parte de la planificación, elaboración y ejecución de las políticas de todas las consejerías de la Junta de Andalucía; y otros tres sobre la cohesión social, económica y territorial en Andalucía. En dichos ejes se incluyen doce objetivos estratégicos y 32 líneas de trabajo, con actuaciones a desarrollar, recursos, el cronograma y la estructura organizativa y responsable de su materialización.
Entre estas prioridades se encuentran el apoyo a la natalidad, la conciliación familiar, el refuerzo de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades, la mejora de infraestructuras, la digitalización, el fomento del empleo, de la industria y la minería, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo sostenible, así como medidas fiscales para la vivienda rural que permitan atraer y fijar población en el medio rural.
Andalucía parte en este reto con la ventaja de no tener un problema generalizado de despoblación y de ser la comunidad más poblada de España con más de 8,6 millones de habitantes. Actualmente sigue creciendo por el saldo migratorio, ya que el saldo vegetativo es negativo. No obstante, ese crecimiento se ha ralentizado, pues entre 2000 y 2015 la población se incrementó en un millón, mientras que en la última década sólo ha crecido en 300.000 personas. Las previsiones estiman que hacia 2040 ese crecimiento se estanque y que en 2070 Andalucía pueda perder 800.000 habitantes. La diversidad territorial de Andalucía, con 785 municipios y 5.761 núcleos de población, hace que el reto demográfico no se pueda afrontar con soluciones únicas ni homogéneas, sino que requiere una planificación para actuar en cada uno de los territorios según su realidad.
Más de la mitad en 30 ciudades
Según recoge la estrategia, más de la mitad de los andaluces se concentra en una treintena de ciudades. Si sumamos las capitales y las diez áreas metropolitanas más pobladas, son en total 195 municipios donde reside el 68,7% de la población. Con esta radiografía, una de las principales características de Andalucía es la importancia de su red de ciudades medias, que aglutinan a 253 localidades en las que vive el 22,4% de la población. Y el tercer escalón lo representan 337 municipios rurales, con una gran calidad de vida, pero donde sólo reside el 8,9% de los andaluces.
Por tanto, el principal reto es el actual reparto desequilibrado de la población, ya que el crecimiento de habitantes se concentra en grandes capitales, comarcas de litoral como la Costa del Sol y zonas como el Valle del Guadalquivir, con la consiguiente necesidad de recursos para prestar servicios a cada vez más vecinos. Mientras tanto, más de la mitad de los municipios de interior lleva décadas perdiendo población.
La estrategia divide los municipios andaluces en cuatro categorías según la prioridad de actuación teniendo en cuenta la densidad de población; las tasas de crecimiento poblacional y vegetativo; los índices de envejecimiento y dependencia; la tasa migratoria; la edad media de la población; la ratio de masculinidad; la tasa de desempleo; la renta media; así como características como la distancia y la altitud o el uso del suelo.
Aplicando estos indicadores, se han detectado 78 municipios con prioridad alta, ya que presentan datos preocupantes en al menos siete de ellos. El objetivo para estos municipios es frenar en un 80% la despoblación de los últimos diez años. Casi la mitad de estas localidades se concentra en Granada (30) y Almería (22). El resto se reparten entre Málaga (8), Córdoba (7), Huelva y Jaén (cinco en cada provincia) y Sevilla (1). En Cádiz no se ha detectado ninguna localidad con riesgo alto de despoblación. Asimismo, el documento marca otros 221 municipios con prioridad media, es decir, que presentan problemas en al menos cuatro indicadores; y 181 localidades con prioridad baja, con dos o tres indicadores en los que se detectan datos preocupantes.
En total son 480 municipios los que requieren, de forma más o menos urgente, actuar contra la despoblación, el 61% de los 785 que componen Andalucía. No obstante, anualmente el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) revisará los indicadores de acuerdo con los últimos datos disponibles y los valores de referencia definidos para actualizar esta clasificación y con ello las políticas a aplicar en cada municipio.
El documento, que puede ser consultado en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, apuesta por crear y difundir oportunidades en las zonas con problemas, pero también garantizar una buena dotación de servicios. Aunque el 94% de la población andaluza vive a menos de 25 minutos de una autovía o autopista y el 98% a menos de 45 minutos, y se ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a los servicios básicos como la sanidad o la educación, la estrategia incluye políticas para acercarlos aún más al medio rural.
La finalidad es que el 97% de la población esté a 30 minutos de una vía de gran capacidad, de un centro de atención primaria, de un centro de urgencias, de un hospital, de un centro de Educación Secundaria, de bachillerato y de Formación Profesional; a un máximo de 50 minutos de un centro universitario; a 35 de un centro de Servicios Sociales; y a 40 minutos de un centro de la mujer.
