Los tribunales de instancia y la nueva estructura de oficina judicial y servicios comunes llegan a Marbella, Fuengirola y Torremolinos, los tres partidos judiciales andaluces incluidos en la fase II del calendario previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Como en la primera fase de aplicación, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adecuado las plantillas de funcionarios de estos tres partidos judiciales para adaptarlos a la reforma estatal, con una inversión de 228.341,15 euros anuales solo para crear cinco nuevas plazas y 22 puestos de jefatura.
La Ley de Eficiencia entró en vigor el 1 de julio en 70 de los 85 partidos judiciales de Andalucía (en Málaga, los de Archidona, Torrox, Antequera, Coín, Ronda, Vélez-Málaga y Estepona), a los que se incorporaron 81 nuevas plazas de funcionarios (seis en Málaga). Ahora se adaptan a la reforma estos tres partidos malagueños, donde se pasa de 34 juzgados unipersonales a tres tribunales de instancia, con secciones especializadas y servicios comunes.
Además, los tres Juzgados de Paz dependientes de estos partidos judiciales (Benalmádena, Mijas y Benahavís) se convierten en Oficinas de Justicia Municipales, con más funciones y autonomía.
En estos partidos judiciales trabajan más de 370 funcionarios. La Consejería ha acordado con los sindicatos las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que incluyen cinco nuevas plazas creadas, además de 22 puestos de jefatura, para los que se ha celebrado un concurso específico ya resuelto.
En concreto, las nuevas plazas se distribuyen en Marbella, a la que se destinan tresm dos del cuerpo de Gestión Procesal y una de Tramitación, una de tramitador para la Oficina de Justicia Municipal de Benalmádena y otra para la de Mijas. El coste, solo en personal, entre las nuevas plazas y los complementos de las 22 jefaturas creadas para esta segunda fase, asciende a 228.341,15 euros anuales.
En total, entre las fases I y II se han creado 86 plazas (nuevas o estabilizadas) y 58 puestos de jefatura, con un coste de 4,5 millones que la Junta asume en solitario.
A esta inversión se añaden las correspondientes la adaptación del sistema de gestión procesal @driano (3,6 millones) y el equipamiento digital (16,2 millones), además de la actualización de la orden que regula las retribuciones de los profesionales del Turno de Oficio a los nuevos requisitos de procedimiento -que exigen intentar un acuerdo antes de interponer cualquier demanda civil o mercantil-, por valor de 1,15 millones, la adecuación de las sedes judiciales a la nueva estructura de las plantillas -más flexible y que requiere espacios amplios y diáfanos-, por un total de 20,7 millones en obras, y la implantación de los servicios de mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos (MASC), que supone 8,1 millones.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha cifrado la inversión total en Andalucía en “54 o 56 millones de euros”, y ha recordado que la ley estatal carece de memoria económica, por lo que “las comunidades con las competencias de Justicia transferidas, como Andalucía, están asumiendo en solitario el coste de aplicar esta reforma. Además, el Gobierno no ha negociado ni consensuado con las comunidades; publicó la Ley en enero con los presupuestos autonómicos ya aprobados, y con unos plazos muy exigentes para aplicarla”.
De hecho, antes del 31 de diciembre deberán adaptarse los doce partidos judiciales más grandes de Andalucía: las ocho capitales y las ciudades de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.
