La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha aprobado las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los 12 partidos judiciales andaluces en los que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entrará en vigor el 31 de diciembre. Se trata de las ocho capitales y cuatro grandes ciudades (Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, y Motril, en Granada) donde, además de crear 12 nuevas plazas y 228 jefaturas, se reorganizarán los efectivos para dotar a las secciones específicas de Violencia sobre la Mujer de 24 funcionarios más ante las nuevas competencias sobre delitos sexuales.
Todo ello supondrá una inversión anual en materia de personal de 1.412.262,30 euros que asume en solitario la Junta, ya que la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia a través de esta ley carece de memoria económica.
Como en las dos fases anteriores, que entraron en vigor el 1 de julio (en 70 partidos judiciales) y el 1 de octubre (en otros tres), la Consejería ha estudiado las cargas de trabajo de cada partido judicial para negociar en Mesa Sectorial las nuevas estructuras de plantilla adaptadas al modelo organizativo de los tribunales de instancia, aunque finalmente la RPT de esta fase III se ha cerrado sin acuerdo. En éstos los funcionarios ya no trabajan para un juzgado unipersonal, sino para secciones específicas y servicios comunes de un órgano colegiado con varios magistrados. Ello requiere tanto reorganizar plantillas como ampliar las plazas y crear puestos de jefatura y coordinación, con complementos específicos, que antes no existían.
En el caso de las secciones de Violencia sobre la Mujer, la ley estatal prevé que asuman todos los delitos de carácter sexuales. Para hacer frente a esta mayor carga de trabajo, la Consejería convertirá 24 puestos genéricos del Cuerpo de Tramitación en puestos de tramitadores especializados en violencia sobre la mujer, que conllevan un complemento específico.
Reorganización y nuevas plazas
En concreto se transformarán tres puestos en Almería, uno en Cádiz, dos en Algeciras, uno en Jerez, dos en Córdoba, tres en Granada, uno en Huelva, uno en Jaén, cinco en Málaga y cinco en Sevilla. El coste total es de 107.419,10 euros anuales. De esta forma a partir del 31 de diciembre, se reorganizan las plantillas judiciales en función de las nuevas cargas de trabajo que implica la aplicación de la Ley, pues los juzgados de Instrucción al perder las competencias sobre los delitos de índole sexual verán reducido el volumen de entrada de asuntos que, sin embargo, se elevará en el caso de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer.
La Consejería considera que este incremento de funcionarios destinados a Violencia sobre la Mujer debe ir acompañado de un incremento de magistrados. Por ello, ha solicitado, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al Ministerio de Justicia la creación de más de 20 plazas de magistrados de Violencia sobre la Mujer, ante el incremento de carga de trabajo que van a experimentar, que podría estar entre un 10% y un 15%. Por ello, considera insuficiente las 10 nuevas plazas prometidas por el Gobierno.
En cuanto a las 12 plazas genéricas de nueva creación, dos serán para el tribunal de instancia de El Puerto de Santa María; cuatro para los Registros Civiles (tres para el de Almería y una para el de Algeciras) y seis para las Oficinas de Justicia Municipales que sustituyen a los Juzgados de Paz (concretamente en Níjar, Vícar, Armilla, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y Mairena del Aljarafe). Todas las nuevas plazas son del Cuerpo de Tramitación Procesal excepto una de Gestión Procesal en el Registro Civil de Almería y su coste roza el medio millón de euros.
Por último, las nuevas plantillas, más flexibles y donde se agrupan funcionarios que antes trabajaban para distintos órganos, requieren mayor coordinación. Por ello, para estos 12 partidos judiciales la Consejería creará 228 puestos de jefatura en los tribunales de instancia (18 en Almería, 14 en Cádiz, 18 en Córdoba, 32 en Granada, 14 en Huelva, 14 en Jaén, 38 en Málaga, 42 en Sevilla, 9 en Algeciras, 9 en Jerez, 5 en El Puerto de Santa María y 5 en Motril), así como otras 10 jefaturas en los Registros Civiles (una en cada capital además de en los de Algeciras y Jerez). El coste de los complementos específicos asociados a estas jefaturas asciende a 805.163,11 euros anuales.
Las 12 nuevas plazas de esta tercera y última fase de la reforma judicial se suman a otras 86 creadas en los partidos judiciales en los que la Ley de Eficiencia ya está en vigor, donde también se crearon 58 puestos de jefatura. En total, la Junta está asumiendo en solitario casi seis millones de euros solo en materia de personal. A ello se suma la inversión en equipos y sistemas informáticos, servicios de mediación y obras para adecuar espacios amplios y diáfanos en los edificios judiciales.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, estima que el coste total de la reforma estatal para Andalucía se situará entre los 54 y los 56 millones de euros. Nieto ha denunciado la falta de apoyo técnico y económico del Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas que tienen que implantar esta reforma publicada el 2 de enero, cuando los presupuestos de la Junta para 2025 ya estaban aprobados, y con un exigente calendario de aplicación, ya que tiene que estar completada a final de año.
