La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ana Tárrago, han suscrito un convenio de colaboración para coordinar esfuerzos a la hora de determinar las causas y posibles responsabilidades ante incumplimientos de medidas de prevención de riesgos labores que afecten a la salud de los trabajadores. El acto de la firma contó también con la presencia del fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo.
El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla actuaciones concretas orientadas a mejorar la cooperación y el intercambio de información en relación con los siniestros laborales registrados en Andalucía con resultado de muerte y de lesiones muy graves o graves, sobre situaciones de riesgo laboral con posible trascendencia penal, así como sobre la tramitación de procedimientos o actuaciones que tengan relación con la vigilancia y control en materia de seguridad y salud laboral.
Ambas partes hacen extensiva esa voluntad a la prevención e investigación de los accidentes acontecidos en los centros de trabajo, en el marco cada una de ellas de sus respectivas competencias, con objeto de depurar posibles responsabilidades en las esferas penal y administrativa.
El primer ámbito de colaboración contribuirá a establecer cauces de información fluidos y recíprocos sobre las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales que deriven en responsabilidad penal y de los procedimientos que por tales hechos se incoen, así como de su tramitación y resolución. En ese sentido, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se compromete a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, en un plazo de 24 a 48 horas, los accidentes de trabajo con resultado de muerte que hayan sido notificados a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@). También se remitirán las actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales y los informes de investigación en aquellas circunstancias que contempla el convenio.
En el caso de enfermedades profesionales se facilitarán los informes de investigación elaborados tanto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como por los centros de Prevención de Riesgos Laborales, así como las actas de infracción cuando se constate que los accidentes derivan del incumplimiento de las condiciones materiales del trabajo o de la inobservancia manifiesta de las medidas preventivas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal suministrará a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo información sobre las diligencias de investigación preprocesal incoadas en materia de siniestralidad laboral. La vía de colaboración se extiende también al envío de documentación sobre procedimientos judiciales y, como en el caso anterior, siempre con absoluto respeto al secreto de las actuaciones. Del mismo modo, mantendrá informada a la Consejería, con carácter anual, de las actuaciones realizadas en materia de siniestralidad laboral y de las estadísticas de que disponga, así como de la Memoria de la Red de Fiscales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Andalucía.
La segunda vía de colaboración servirá para mejorar el nivel de formación de los profesionales de ambas partes. En el caso de los integrantes del Ministerio Fiscal, en cuanto a condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, mientras que en el caso del personal adscrito a la Consejería, en lo relacionado con el tratamiento penal de las conductas constitutivas de posibles infracciones.
Entre las actuaciones contempladas en ese ámbito, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo asume la organización anual de las Jornadas Andaluzas Técnicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contarán con la participación de miembros de la carrera fiscal, jueces, inspectores de Trabajo y Seguridad Social y personal de la Junta de Andalucía con competencia en la materia. Esa cooperación mutua incluye también la puesta a disposición del Ministerio Fiscal de cualquier informe, estudio o material divulgativo de carácter general o específico que se considere de interés.
Por último, la Consejería también facilitará asesoramiento técnico a la Fiscalía con el objetivo de aportar nuevas herramientas con las que ejercer su labor. En concreto, las personas titulares de los centros de Prevención de Riesgos Laborales provinciales ejercerán como enlaces con los fiscales, asumiendo las funciones de punto de contacto institucional, promoviéndose reuniones trimestrales de coordinación.
