El Consejo de Gobierno ha aprobado el quinto informe bienal de la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de Andalucía para 2023 y 2024. El documento, que será remitido al Parlamento de Andalucía, aboga por reforzar la formación y la sensibilización en diversidad sexual y de género para construir una sociedad libre e igualitaria y garantizar el respeto a los derechos de las personas LGTBI.
En este sentido, el informe bienal de la Ley Trans apunta que, a pesar de los progresos normativos hacia el respeto a la diversidad sexogenérica, la sociedad andaluza necesita avanzar en la integración y el pleno disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de LGTBIfobia.
Este informe recopila una serie de datos estadísticos sobre la realidad de las personas trans en España y Andalucía, que evidencian un aumento de delitos de odio hacia personas de dicho colectivo o las dificultades de éstas en el ámbito laboral. En concreto, señala que en 2023 se contabilizaron 522 delitos de odio cometidos por orientación sexual e identidad de género en España, 80 de ellos en Andalucía, el número más alto desde la disminución de delitos acontecida en 2015. Además, indica que, según el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, en 2021 las incidencias alcanzaron las 367 con 279 personas atendidas, el 42% menores de 30 años.
Asimismo, resulta destacable que la tasa de desempleo es del 41,5% para las mujeres trans y del 48,7% para los hombres, mientras que el 68,2% informó que había sido discriminado en el ámbito laboral. Respecto al aspecto educativo, este estudio recoge que el 17% del alumnado trans que es víctima de LGTBIfobia sufrió insultos y un 14% acoso online.
Este informe bianual de la Ley Trans detalla una batería de medidas puestas en marcha por el Gobierno de Andalucía para prevenir y combatir la LGTBIfobia desde distintos ámbitos, como el sanitario, laboral, educativo y de atención social. Entre otras iniciativas, señala las medidas dirigidas a reforzar la información, sensibilización, formación e investigación, las actuaciones de impulso de la participación, así como de fomento de proyectos de interés social realizados por entidades LGTBI. Igualmente, recoge acciones en el ámbito de la comunicación, como premios, menciones y distinciones. Se trata, por tanto, de una batería de actuaciones de carácter integral e interdepartamental para conseguir el objetivo y finalidad de la ley andaluza.
Así, la Unidad de Atención a Personas Transexuales (UAPT), dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha registrado un aumento del 24,7% de las citas en el periodo 2023-2024 en comparación con el periodo 2021-2022. En el ámbito laboral, la Junta de Andalucía ha continuado con sus actuaciones dirigidas a la no discriminación. A inicios de 2023, desde el Servicio Andaluz de Empleo se logró la anonimización total del sistema de llamamiento, lo que imposibilita la identificación de las personas usuarias.
En educación, durante 2023 y 2024, se han incrementado las actuaciones dirigidas al fomento de la inclusión, el bienestar y la convivencia. Destaca la creación de siete estructuras como gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar y el equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso, con el objetivo de frenar la Discriminación, la LGTBIfobia y el Acoso y Ciberacoso Escolar, así como de dar visibilidad a materiales y recursos a los centros docentes en la atención al alumnado Trans. Además, desde 2024 se encuentra vigente el III Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, que se suma a los protocolos con los que cuentan los centros educativos, como el de identidad de género en el ámbito educativo y el de actuación ante situaciones de acoso escolar.
Atención social y formación
Respecto a la atención social, las personas LGTBI han sido siempre consideradas y tratadas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) como un sector de la población de víctimas especialmente vulnerables independientemente de la tipología delictiva por la que acudan al servicio.
Por otro lado, la formación ha sido uno de los ejes centrales de este periodo. Más de mil personas se han beneficiado de acciones formativas dirigidas tanto a profesionales de la administración como a policías locales, personal de servicios sociales, personal sanitario, educativo y voluntariado. Especial relevancia han tenido las formaciones sobre protocolos LGTBI, prevención del odio y atención a colectivos vulnerables, con una alta tasa de participación y valoración positiva por parte de las personas asistentes.
En el ámbito de la divulgación y el debate público, la Junta de Andalucía ha impulsado eventos de gran alcance como la I Jornada Chemsex de Andalucía y el III y IV Congreso Internacional LGTBI, celebrados en Torremolinos (Málaga). Estos encuentros han reunido a cientos de participantes de perfiles profesionales y sociales diversos, consolidándose como espacios de referencia para la reflexión, la prevención de la LGTBIfobia y la promoción de derechos, con un impacto que ha trascendido al ámbito presencial gracias a su difusión en redes sociales.
El impulso a la participación y al tejido asociativo también ha sido notable. A través de subvenciones a entidades juveniles, locales y asociaciones LGTBI, se han movilizado más de un millón de euros para proyectos de diversidad, igualdad y no discriminación, alcanzando a unas 35.000 personas. Además, se ha reforzado la presencia del colectivo en órganos de participación institucional, como el Consejo Andaluz LGTBI y el Consejo Asesor de la RTVA.
En materia social y administrativa, se han dado pasos significativos para integrar la diversidad LGTBI en las políticas públicas. Destacan la inclusión de contenidos específicos en los procesos selectivos de la Junta de Andalucía, el cumplimiento total del Plan de Igualdad de la Administración Autonómica y medidas de apoyo habitacional para personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, como refugiadas o sin hogar.
Finalmente, el periodo 2023-2024 ha estado marcado por el reconocimiento institucional y la planificación estratégica. Se han celebrado nuevas ediciones de premios que visibilizan el compromiso con la diversidad y se han puesto en marcha o consolidado siete planes y estrategias autonómicas que incorporan la perspectiva LGTBI, sentando las bases para una acción pública sostenida en igualdad, respeto y derechos en los próximos años.
