El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del convenio suscrito por las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Justicia, Administración Local y Función Pública con la Fiscalía Superior de Andalucía en el que se extiende a los profesionales del Ministerio Público la formación especializada en violencia sobre la mujer, que la Junta de Andalucía ya ofrece a los profesionales de la Abogacía y la Judicatura.
Este convenio prevé iniciar esta formación durante 2026 en Granada para 50 fiscales destinados a Andalucía que trabajan en la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer. Esta primera edición se centrará en las nuevas competencias sobre delitos sexuales que desde abril de 2025 ha asumido esta Jurisdicción en aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El firme compromiso compartido por la Fiscalía General del Estado y el Gobierno andaluz en la erradicación de la violencia de género ha generado en años anteriores una fructífera colaboración articulada a través de distintos convenios que han permitido reforzar la coordinación y cooperación institucional entre las distintas administraciones competentes en la materia.
Esta colaboración se amplió con la firma de un protocolo en junio de 2025 entre la Fiscalía Superior de Andalucía y las consejería de Inclusión Social y de Justicia para la cooperación en materia de formación en violencia de género. En diciembre del año pasado se firmó un convenio para la organización de esta actividad formativa. Bajo el título ‘Medidas de Protección y Acompañamiento a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer ante las Nuevas Competencias de Fiscalía y de Juzgados de Violencia sobre la Mujer’, 50 fiscales de secciones especializadas en la materia recibirán esta formación.
La Junta de Andalucía ya colabora con la formación especializada en violencia de género de los profesionales de la Abogacía, mediante cursos anuales organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Consejería de Justicia en los once colegios de abogados de Andalucía, en los que participan responsables de los centros y servicios de atención a las víctimas para dar a conocer la red de recursos públicos disponibles. Respecto a los jueces, la Consejería de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, desarrolla cada año un programa de cursos entre los que siempre se incluye uno especializado en esta materia.
