El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado, con el apoyo del grupo parlamentario de Vox y la abstención de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el Decreto Ley 1/2026, de 25 de febrero aprobado por el Gobierno andaluz para paliar los graves daños ocasionados por el reciente tren de borrascas que azotó la comunidad autónoma entre enero y febrero. Este decreto de medidas fiscales se enmarca en el Plan Andalucía Actúa, una estrategia dotada con 1.780 millones de euros entre ayudas y recursos para reparación de infraestructuras e instalaciones y diseñada para afrontar la recuperación de las zonas afectadas y ayudar a la recuperación del sector productivo agrario y ganadero.
Durante la defensa del decreto ante la Cámara, la consejera de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha subrayado que la prioridad absoluta del Ejecutivo autonómico es que las familias y los profesionales del campo puedan volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Para ello, el decreto ley establece medidas excepcionales en los tributos cedidos, como una deducción del 100% de los gastos de reparación de la vivienda habitual, así como incentivos fiscales para la adquisición de nuevas viviendas en casos de ruina (deducción del 6% en el IRPF) o para el alquiler de quienes se han visto obligados a abandonar su residencia anterior por las riadas (deducción del 15% hasta un límite de 1.200 euros).
«Nuestra prioridad es que las familias puedan volver a tener una vivienda digna sin que la factura fiscal autonómica se convierta en un obstáculo. Ante una catástrofe, el criterio es la necesidad objetiva y el daño sufrido, y no la casilla de la declaración», ha apuntado.
También se incluye, por primera vez, la aplicación de un tipo del 0% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para operaciones esenciales, una medida que beneficiará directamente a quienes necesiten reponer su vivienda habitual o adquirir vehículos que hayan sido dados de baja definitiva por los daños del temporal. Para otros inmuebles como locales, naves o segundas residencias, se ha habilitado un tipo superreducido del 3,5%. La previsión del Gobierno andaluz es que estas medidas fiscales beneficien a unas 1.500 personas en todo el territorio.
Para la consejera, «este decreto ley es el ejemplo de un Gobierno que, cuando las cosas van bien, baja impuestos y, cuando llegan las dificultades, utiliza su capacidad fiscal para estar al lado de los andaluces que peor lo están pasando».
«Frente a la tentación de subir la presión fiscal incluso en tiempos de crisis, nosotros defendemos una Andalucía que ayuda, que acompaña y que reacciona rápido dentro de sus competencias. Aquí no hay excusas, hay decisiones; no hay titulares, hay decretos, recursos y obras sobre el terreno», ha añadido.
Declaración de interés autonómico
En lo que respecta al sector primario, el decreto ley introduce medidas de choque para un sector que representa el 7% del Producto Interior Bruto de la comunidad. La Junta ha declarado de interés autonómico las obras de reparación de cauces, caminos rurales e infraestructuras de riego, lo que permite agilizar la ocupación de terrenos y la ejecución de proyectos mediante un procedimiento de urgencia.
Además, se ha aprobado una bonificación del 100% del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para los regantes de los sistemas de El Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce, zonas donde el impacto de las inundaciones fue especialmente severo. «En plena reconstrucción no vamos a cargar sobre las espaldas de los regantes el peso de unos cánones que hoy serían inasumibles», ha indicado, «cuando la naturaleza golpea, la Junta aligera la mochila fiscal para que las explotaciones sigan vivas».
El decreto recoge además la reorientación del canon de mejora del agua, que hasta ahora se destinaba estrictamente a depuración, saneamiento y abastecimiento en alta, para poder financiar también actuaciones de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación, «reforzando la seguridad frente a futuras avenidas y mejorando la resiliencia de nuestro sistema hídrico». «Es decir, aprovechamos mejor cada euro que aportan los ciudadanos para proteger vidas, campos y pueblos», ha subrayado.
La consejera Carolina España ha querido recalcar durante su intervención «la importancia de no dejar solo al campo andaluz en este momento crítico», por lo que ha se ha referido a la exención total de las tasas por servicios veterinarios y la adaptación de la normativa de la PAC para evitar sanciones a los productores que, por fuerza mayor, no puedan cumplir con sus compromisos debido a los desastres naturales.
A ello se suma, según ha recordado, el Plan Andalucía Actúa puesto en marcha por el Gobierno andaluz, que reserva 1.000 millones de euros específicamente para el sector primario, de los cuales 700 millones se destinarán a ayudas directas. Otros 120 millones se destinan a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío; 136 millones se emplearán para reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación, mientras que otros 31 millones se usarán para compensar pérdidas en el sector de la pesca y la acuicultura.
«Todas estas medidas agrarias y de agua, unidas a las ayudas directas que se articularán mediante convocatorias específicas a partir de la segunda quincena de abril, persiguen un objetivo muy claro: que la recuperación del campo andaluz sea rápida, justa y focalizada en quien más ha sufrido», ha incidido, para resaltar a continuación que estas herramientas se han decidido tras escuchar las peticiones del sector, «porque es la mejor forma de acertar».
Asimismo, la consejera de Economía ha informado de que el 100% de las actuaciones de emergencia en las carreteras autonómicas ya se encuentran en marcha, con una inversión que supera los 535 millones de euros.
