domingo, 10 noviembre 2024

Andalucía ve necesario modernizar la Ley estatal de Vías Pecuarias para adaptarla a la realidad actual

La Junta considera imprescindible que la normativa contemple una simplificación de procedimientos, así como políticas de desarrollo sostenible o de adaptación al cambio climático

El director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez Valenzuela, ha participado en la inauguración del Foro de Formación y Estudios Medioambientales sobre vías pecuarias, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Durante el evento, ha reflexionado sobre la necesidad de actualizar la Ley estatal de Vías Pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo) con el fin de adaptarla a las exigencias presentes y futuras.

En su intervención, Pérez Valenzuela ha destacado la importancia de las vías pecuarias como rutas históricas para el tránsito ganadero y como elementos esenciales para la preservación de la biodiversidad. Por ello, ha subrayado que, en el contexto actual de cambio climático y transformación territorial, es necesario un nuevo marco normativo que permita una gestión más ágil y efectiva de estas infraestructuras, adecuándose a los desafíos de hoy en día.

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“Las vías pecuarias, más que simples caminos de tránsito ganadero, son auténticos corredores ecológicos y territoriales. Durante siglos, han desempeñado un papel vital en la ganadería extensiva y en la conectividad de nuestros ecosistemas”, ha declarado. Sin embargo, ha reconocido que la legislación actual no responde a las nuevas realidades que afronta el territorio andaluz y el conjunto del país. “Nos enfrentamos a nuevos desafíos que requieren una profunda actualización del marco legal que las protege y gestiona”, ha añadido.

Foto de familia de los participantes en el foro sobre vías pecuarias.

Foto de familia de los participantes en el foro sobre vías pecuarias.

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En este sentido, Pérez Valenzuela ha recordado el compromiso de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con la mejora y protección de las vías pecuarias. En los últimos cuatro años, la Junta de Andalucía ha invertido más de 42,8 millones de euros en la recuperación de más de dos mil kilómetros de estas rutas, en un esfuerzo por preservar su valor ecológico y territorial.

La actualización de la ley estatal, una necesidad imperiosa

Durante la celebración del Foro, en el que también han participado la jefa de la Oficina para el Plan de Vías Pecuarias, Inmaculada Ortiz, y el letrado de la Junta y jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Miguel Sánchez, una de las principales demandas planteadas por el director general fue la necesidad de promulgar una nueva Ley básica de Vías Pecuarias que se ajuste a los retos actuales. “Dada su condición de dominio público, las vías pecuarias son competencia exclusiva del Estado. Esto nos lleva a la necesidad imperiosa de promulgar una Ley que responde a los retos actuales”, ha señalado.

Durante su discurso, Pérez Valenzuela ha desglosado los aspectos clave que, a juicio de la Junta de Andalucía, deben incluirse en la normativa, como es la simplificación de los procedimientos administrativos. “Los procedimientos actuales son excesivamente largos y complejos, lo que retrasa su adecuada protección y utilización. La ley debe modernizar estos procesos para que sean más eficientes, eliminando barreras burocráticas innecesarias”, ha indicado.

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Asimismo, ha apuntado que la ley debe ofrecer “soluciones claras” para garantizar la preservación y adecuada integración de las vías pecuarias en el entorno urbano, “sin frenar el desarrollo de las ciudades”, ha puntualizado. Igualmente, ha considerado importante la flexibilización de los requisitos para la modificación de los trazados. “El marco normativo actual es demasiado rígido, impidiendo las adaptaciones necesarias que podrían atender tanto al interés público como al social y medioambiental”.

En este contexto, ha declarado que es necesario un régimen para terrenos sobrantes del dominio público, un aspecto no contemplado en la legislación actual. Además, ha señalado a la ampliación de los requisitos de ocupaciones de terrenos de vías pecuarias. Y es que, actualmente, las ocupaciones en estos terrenos solo se permiten si responden al interés general. No obstante, el director general ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar estos requisitos para incluir actividades compatibles con el uso y la conservación de las vías pecuarias.

Del mismo modo, ha puesto el acento en que la normativa debe posibilitar la mutación demanial externa sin requerir una desafectación previa y un deslinde, permitiendo una gestión más ágil y eficaz de estos espacios, “adaptada a las necesidades de nuestros territorios y facilitando la colaboración entre administraciones”.

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

Por otro lado, puso de manifiesto la importancia de que la normativa se alinee con las políticas de desarrollo sostenible y de adaptación al cambio climático. “Es fundamental que la ley se ajuste a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un uso multifuncional de las vías pecuarias que contempla no solo su papel como rutas ganaderas, sino también como corredores ecológicos y espacios para el disfrute ciudadano”, ha explicado.

Pérez Valenzuela ha resaltado que las vías pecuarias deben jugar un papel clave en la resiliencia de los paisajes y ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. En este sentido, ha argumentado que la ley debe incluir medidas específicas para garantizar su preservación y adaptación a las nuevas condiciones climáticas.

Finalmente, el director general ha abogado por fomentar la participación ciudadana y la cogestión de estos espacios. “La nueva normativa debe fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión de las vías pecuarias, mediante la creación de mecanismos de cogestión con las entidades ambientales y administraciones públicas”.

“Estamos ante un momento decisivo para garantizar que las vías pecuarias sigan cumpliendo su función no solo en la protección de la biodiversidad, sino también en la sostenibilidad territorial. La promulgación de una Ley Básica que contemple estos cambios será fundamental para asegurar su conservación y su integración en la gestión moderna de nuestro territorio”, ha concluido.

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