domingo, 3 noviembre 2024

La Junta renueva las concesiones de las cerca de mil rutas de transporte público en Andalucía

Los contratos, con un valor de 800 millones, darán seguridad jurídica a un servicio con concesiones vencidas desde hace más de diez años

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del proceso de renovación de las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de Andalucía, que aglutinan 988 rutas de autobús y que se encontraban en su práctica totalidad vencidas. Los nuevos contratos, que darán seguridad jurídica y garantía de estabilidad a los operadores y permitirá aplicar mejoras en las líneas, tienen un valor de 800 millones de euros y supondrá, en la práctica, normalizar los servicios de transporte público mientras la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda diseña un nuevo mapa concesional adaptado a las nuevas necesidades de movilidad.

La oferta actual de servicios de transporte regular de viajeros por carretera en Andalucía se remonta a finales del siglo XX, con un diseño concesional transferido por el Estado y un modelo de contratos a riegos y ventura, que se consolidó a través del proceso de convalidaciones con hasta 122 concesiones. Estas concesiones han ido venciendo de forma progresiva sin que se afrontara su renovación. Las primeras en vencer acumulan 20 años caducadas, aunque la gran mayoría llevan más de una década. Esta situación ha generado falta de seguridad jurídica y la carencia de un instrumento legal que ofrezca garantías a los operadores para hacer inversiones y renovar su material móvil, y a la propia administración para afrontar la gestión y mejora de estos servicios.

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El Gobierno andaluz inició la renovación de las concesiones a principios de la pasada legislatura, pero el estallido de la pandemia, con una extraordinaria caída de viajeros en el transporte público hasta llevar al sector a una situación límite, dificultó la puesta en marcha de este proceso, ya que había que centrar todos los esfuerzos de gestión en adoptar medidas urgentes que paliar la profunda crisis generada.

Pese a ello, se iniciaron los trabajos que han permitido en esta legislatura dar los pasos decisivos para solucionar esta situación. La Junta de Andalucía trabaja en una doble línea. Por un lado, se está diseñando el nuevo mapa concesional, ya que el actual no se ajusta a las necesidades de movilidad de hoy en día. La propia evolución social y territorial requiere de una revisión en profundidad de la oferta de servicios existente.

Para realizar esta revisión, la Consejería de Fomento, alineado con la previsión del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), ha adjudicado por más de dos millones de euros un contrato de análisis de la red actual y los planes de explotación de las futuras líneas de transporte, con un plazo de ejecución de 30 meses. A partir de ese trabajo se abordará la licitación de los nuevos servicios definidos en el nuevo mapa concesional.

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El plazo previsto para la implantación de este nuevo mapa concesional se sitúa en cinco años. Conscientes de esta situación y sabedores de que no se puede esperar otros cinco años con concesiones vencidas, se ha afrontado ahora la renovación de los contratos de los actuales servicios existentes para dar estabilidad y seguridad jurídica tanto a los operadores como a los viajeros, así como a la propia administración.

La licitación de estos servicios de transporte público regular de viajeros por carretera se ha estructurado en tres contratos, agrupados en función del valor anual medio: concesiones pequeñas (con un valor anual medio inferior a 200.000 euros), medianas (de 200.000 euros a un millón) y grandes (más de un millón de euros). En total, la Junta de Andalucía ha licitado 67 lotes, que comprenden un total de 988 rutas por todo el territorio andaluz. El valor total estimado de los tres contratos alcanza los 800 millones.

Si bien estas nuevas concesiones contienen los servicios existentes, implican una serie de ventajas respecto de la situación actual. En primer lugar, ofrece un marco legal estable a los operadores y a la administración en la prestación de los servicios y en las relaciones jurídicas. También implica una garantía para los operadores, que pueden realizar inversiones, proponer mejoras y renovar la flota ante un horizonte temporal claro y estable, ya que estos contratos tendrán una duración de cinco años.

Igualmente, se consolidarán las mejoras implantadas en estos últimos años, mediante convenios firmados entre los ayuntamientos y los consorcios. Casi medio centenar de municipios andaluces verán incorporadas estas mejoras, con un ahorro de más de 2,8 millones, ya que antes, vía convenio, debían aportar económicamente por las mejoras.

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Por último, con la adjudicación de los contratos, y ya integradas las mejoras vigentes, se pueden plantear nuevos refuerzos y mejoras en los servicios. Además, en los pliegos se han incluido una serie de condiciones que redundan en la calidad del servicio, como la renovación y, por tanto, la reducción de la antigüedad de la flota, la inclusión de dispositivos-canceladoras con características adecuadas para el sistema de integración tarifaria o la disposición de servicios de wifi y cargadores USB.

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