La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Sanlúcar de Barrameda tendría un coste estimado de 420.000 euros, según el informe de impacto normativo y económico elaborado por la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento. El documento, fechado el pasado 9 de septiembre y firmado por el jefe del servicio, justifica la medida por motivos de salud pública, calidad del aire, seguridad vial y cumplimiento legal.
El desglose de la inversión inicial asciende a 380.000 euros. De esta cantidad, 80.000 euros se destinarían a la instalación de señalética y sistemas de control automatizado de accesos, incluyendo cámaras y sensores. Otros 200.000 euros irían a la adecuación del espacio urbano, 50.000 euros a campañas de sensibilización y participación ciudadana, y 50.000 euros más al refuerzo del transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios.
A esa cifra se le sumaría un coste anual de mantenimiento y explotación de 40.000 euros. El informe aclara que el objetivo de la medida “es ambiental y de salud pública, no recaudatoria”, aunque estima que podrían recaudarse entre 16.000 y 32.000 euros al año por sanciones, con multas contempladas de 200 euros por circular sin autorización en el perímetro de la ZBE.
En su primera fase, como recoge el informe técnico al que hacemos referencia, la ZBE se limitaría al Barrio Alto, y se establecerían autorizaciones de acceso para residentes, lo que limitaría notablemente el número de sanciones. Esto hace de contrapunto al proyecto original, que fue elevado a público para la consulta ciudadana [puedes consultarlo aquí], y que establecía ocho puertas de acceso a un perímetro que comprendía más de 20 vías de los barrios Bajo y Alto.
El documento recuerda que la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una ZBE antes de 2030. Asimismo, como recordaban fuentes del Gobierno local, tanto la Cámara de Cuentas como el Defensor del Pueblo Andaluz han instado a los municipios andaluces a implantarla. El informe señala que, a diferencia de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde las ZBE generan más del 60 % de las multas de tráfico, en Sanlúcar el impacto económico de las sanciones será “mínimo”.
El incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones económicas, como la pérdida de ayudas estatales y europeas en materia de movilidad sostenible. No obstante, la propuesta permanece bloqueada tras el rechazo del Pleno municipal a las ordenanzas que debían regular la ZBE, impidiendo su aprobación y aplicación efectiva.
Desde Barramedia hemos solicitado información adicional sobre la situación en la que queda la Zona de Bajas Emisiones tras la negativa del Pleno, sin que hasta el momento hayamos recibido una respuesta concreta por parte del gabinete de Alcaldía.
Se desconocen cuestiones como cuándo entraría en vigor la fase cero del plan, si la Zona podría llegar a imponerse por decreto, a pesar de la negativa del pleno, o si las cámaras de control contarían con un registro de matrículas. De hecho, el propio informe técnico que recoge el coste de la implantación de la medida que les contamos tampoco ha sido facilitado a este medio de comunicación por la vía oficial.
