La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mantenido este viernes un encuentro con representantes de la asociación empresarial Apysan, así como con hosteleros y comerciantes de la Plaza del Cabildo, con el objetivo de informarles sobre el proyecto de renovación del pavimento de este emblemático espacio del centro de la ciudad. Las obras, según ha explicado, se acometerán a lo largo del próximo año.
El proyecto forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento ha previsto ejecutar con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) 2025-2026, antiguo PER. La Delegación Municipal de Infraestructuras será la encargada de gestionar la actuación, mientras que la Gerencia Municipal de Urbanismo asumirá la redacción del proyecto y la dirección técnica de las obras, que contarán con un presupuesto de 577.145 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Durante la reunión, la alcaldesa explicó que esta intervención responde al avanzado deterioro del pavimento, afectado por fisuras, hundimientos y levantamientos que alteran la uniformidad del suelo y suponen un riesgo para los peatones, especialmente para mayores, niños y personas con movilidad reducida. Álvarez subrayó que el mal estado de la plaza no solo afecta a su estética y funcionalidad, sino también a la seguridad ciudadana.
La regidora destacó que la actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno local por crear itinerarios peatonales cómodos, accesibles y seguros, atendiendo así a demandas vecinales históricas sobre el mantenimiento de calles y plazas del casco urbano. “Nunca es un buen momento para llevar a cabo unas obras, pero son muy necesarias, dado el lamentable estado del pavimento de la Plaza del Cabildo”, señaló Álvarez.
Asimismo, la alcaldesa recordó que el Ayuntamiento da respuesta con este proyecto a una petición compartida por hosteleros, comerciantes, vecinos y visitantes, conscientes de la importancia de la Plaza del Cabildo como referente social y comercial de Sanlúcar.
El encuentro, celebrado en el Palacio Municipal, se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de mantener la coordinación con el sector hostelero y comercial durante la planificación y desarrollo de las obras, de modo que la actuación se ejecute de forma consensuada y con el menor impacto posible en la actividad económica del entorno.
