La presidenta del Partido Popular de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha reclamado al Ayuntamiento que inste al Gobierno central a declarar la ciudad como Zona de Especial Singularidad, una medida que permitiría dotar de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia para hacer frente a la criminalidad organizada.
Pérez ha recordado que hace nueve meses el Pleno del Ayuntamiento y el de la Diputación aprobaron mociones en este sentido, sin que hasta la fecha el Ministerio del Interior haya respondido. La dirigente popular considera que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska han mostrado una “falta de compromiso” preocupante, algo que también achaca a Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ejecutivo.
La portavoz del PP ha manifestado su inquietud ante el aumento de episodios violentos vinculados al narcotráfico, como el reciente enfrentamiento entre bandas en la barriada Andalucía, que se suma a otros sucesos como un secuestro y un tiroteo cerca de un colegio en horario escolar el año pasado. “Las narcolanchas campan a sus anchas en la desembocadura del Guadalquivir, y esto no parece inquietar al Gobierno de España”, ha denunciado.
Asimismo, ha criticado la actitud del Gobierno local, formado por Carmen Álvarez (IU) y Víctor Mora (PSOE), a quienes acusa de inacción. “No pueden esperar que la ayuda venga por sí sola, deben plantarse en Madrid y exigirla si es necesario”, ha insistido Pérez.
El PP sanluqueño solicitará explicaciones al equipo de Gobierno sobre los pasos dados desde la aprobación de las mociones en 2024. Pérez ha adelantado que preguntará si se han solicitado reuniones con el ministro del Interior, qué gestiones se han llevado a cabo y si el Ejecutivo ha rechazado formalmente la declaración de Zona de Especial Singularidad.
Para la presidenta del PP, el narcotráfico “no solo compromete la seguridad de los sanluqueños, sino que además estigmatiza a la ciudad injustamente”. Por ello, ha hecho un llamamiento a trabajar conjuntamente entre administraciones para ofrecer oportunidades laborales y educativas a los jóvenes, evitando que el crimen organizado se convierta en una opción atractiva para ellos.