El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha mostrado su oposición total a la instalación de cámaras sancionadoras en el centro de la ciudad, una medida que el equipo de gobierno, liderado por Izquierda Unida, contempla dentro del marco de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La portavoz de la formación, Carmen Infantes, ha calificado esta iniciativa como un intento de recaudar dinero “a costa de multar a los sanluqueños”, y ha asegurado que VOX no permitirá que los vecinos sean sancionados por circular por zonas como el Barrio Alto o el Barrio Bajo.
Infantes sostiene que el objetivo del Gobierno municipal no es la sostenibilidad, sino la recaudación: “Lo que pretende el equipo de gobierno es instalar cámaras ‘ponemulta’ con un claro afán recaudatorio, escudándose en la excusa de la Agenda 2030, sin pensar en las consecuencias para los sanluqueños”, ha afirmado.
Desde VOX se acusa a IU de utilizar criterios ideológicos para aplicar una ordenanza que, según la formación, perjudicará especialmente a las familias que no pueden cambiar de vehículo, y que por tanto seguirán circulando con coches sin etiqueta medioambiental. “Nos oponemos frontalmente a que se criminalice a los vecinos por tener un vehículo que funciona perfectamente aunque no lleve una etiqueta verde”, ha subrayado Infantes.
La portavoz también ha advertido que esta política supone una discriminación hacia quienes tienen menos recursos económicos, a quienes considera los más afectados por las futuras restricciones. En esta línea, ha criticado que la medida no responde a una necesidad real de la ciudad, y ha puesto el foco en otros problemas como el mal estado del asfaltado y la falta de soluciones eficaces en materia de movilidad: “Lo que necesita nuestra ciudad son soluciones reales a los problemas de movilidad y a la situación de nuestras calles llenas de socavones, no un nuevo impuesto encubierto que ataca a trabajadores, vecinos y comercio local”, ha señalado.
VOX Sanlúcar ha asegurado que seguirá defendiendo el derecho de los ciudadanos a circular libremente por el casco urbano sin restricciones ni barreras, y ha instado al vecindario a oponerse públicamente a la propuesta del Gobierno local. “Invitamos a los vecinos a que hagan oír su voz para impedir que esta ordenanza se aplique tal y como está prevista. No podemos permitir que se pisoteen los derechos de los ciudadanos”, ha concluido Infantes.
