El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar ha votado en contra del llamado Plan Municipal contra el Cambio Climático y del Plan de Acción para la Energía Sostenible, que el gobierno local de Izquierda Unida ha llevado a pleno tras encargar su redacción a una consultora externa por un importe de 14.399 euros. Durante la sesión plenaria celebrada el pasado lunes, la portavoz de VOX, Carmen Infantes, ha denunciado que este documento, más allá del título, “no va a solucionar ninguno de los problemas reales que afectan a los sanluqueños, y ha sido elaborado únicamente para dar cumplimiento a directrices impuestas por organismos supranacionales como Bruselas, en el marco de la Agenda 2030 y del llamado Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía”.
En palabras de Infantes, “vemos cómo se gastan casi 15.000 euros de todos los vecinos para presentar un plan repleto de lenguaje técnico, pero que en realidad prepara el camino para la Zona de Bajas Emisiones y así llenar Sanlúcar de cámaras, de multas y de prohibiciones. Lo que pretenden es limitar la libertad de circulación de los vecinos y obligarles, a medio plazo, a cambiar de coche, como si todas las familias pudieran permitirse ese gasto”. VOX Sanlúcar ha manifestado que este tipo de documentos no son más que herramientas al servicio de una agenda ideológica que prioriza el cumplimiento de compromisos internacionales frente a las verdaderas necesidades de la ciudad.
Desde VOX se ha cuestionado duramente que este dinero no se haya invertido, por ejemplo, en limpiar las calles, mejorar los servicios públicos o tapar los múltiples socavones que afectan a barrios enteros. “La respuesta es sencilla: porque no les importa Sanlúcar. Les importa cumplir con una agenda que nada tiene que ver con la realidad diaria de nuestros vecinos”, afirmó Infantes durante su intervención. Asimismo, ha advertido de que este plan no es inocuo ni simbólico, sino que servirá de base para futuras restricciones a los ciudadanos, amparadas en supuestos compromisos climáticos, sin que exista una planificación realista ni adaptada a la realidad económica y social del municipio.
