miércoles, 9 julio 2025

Encuentro para coordinar iniciativas conjuntas entre Diputación y Ayuntamiento de Sanlúcar

Almudena Martínez y Carmen Álvarez estudian estudian nuevas colaboraciones en vivienda, infraestructuras y eficiencia energética

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, han mantenido una reunión en el Palacio Provincial para abordar posibles formas de ampliar la colaboración entre las administraciones que ambas representan. En el encuentro han participado también la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, y el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida y alcalde de Trebujena, Ramón Galán

Durante la reunión, Carmen Álvarez ha puesto de manifiesto necesidades que existen en el municipio para las que solicita el respaldo de la Diputación. Demandas en materia de vivienda, infraestructuras de comunicación, equipamientos públicos, eficiencia energética y economía circular, por citar algunos ejemplos.

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La presidenta ha recordado que Sanlúcar de Barrameda es destinataria de diversos planes y programas de inversión de la Diputación. Entre otros, dispondrá de 445.000 euros a través del Plan Cádiz Marcha 2025, gracias al que se movilizan más de 15 millones de euros para facilitar actuaciones en toda la provincia. 

En cualquier caso, Martínez del Junco se ha comprometido a estudiar con las diferentes áreas del organigrama provincial posibilidades de colaboración para facilitar el desarrollo de iniciativas que solventen estas necesidades. También se ha comprometido a realizar gestiones ante otras administraciones e instituciones en el que caso de que las propuestas tengan que ser resueltas mediante la participación de varias entidades.

También ha hecho hincapié en que la activación de las reglas fiscales -tras la suspensión que se resolvió con la pandemia- limita a las corporaciones locales en el uso del remanente de tesorería. El escenario sería más favorable, según ha indicado la presidenta de Diputación durante la reunión, si el Gobierno de España permite a las entidades utilizar el remanente o parte de él para inversiones financieramente sostenibles.

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