Diferentes organizaciones sociales y ecologistas celebraron el pasado sábado una concentración en la playa de Bajo de Guía, frente a la capilla del Carmen, para rechazar los vertidos mineros al río Guadalquivir autorizados por la Junta de Andalucía y advertir de sus posibles consecuencias en el tramo bajo del estuario.
La protesta se desarrolló coincidiendo con el 28 aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, ocurrida el 25 de abril de 1998, cuando se produjo la rotura de una balsa de residuos mineros de unas 200 hectáreas. Según recordaron los colectivos convocantes, aquel episodio liberó cinco millones de metros cúbicos de lodos y dos millones de metros cúbicos de aguas tóxicas, con altas concentraciones de metales pesados, que afectaron al río Guadiamar, a zonas agrícolas y al entorno de Doñana, llegando hasta el Brazo de la Torre y el Guadalquivir.
Las organizaciones señalaron que parte de aquellos residuos siguen almacenados en la zona de la antigua mina. Según indicaron, en la corta de Aznalcóllar permanecen lodos tóxicos retirados tras el accidente, mientras que en la balsa sellada continúan otros residuos con presencia de metales pesados. Los colectivos sostienen que, pese a las actuaciones realizadas, se han seguido produciendo filtraciones y episodios de contaminación en la cuenca del Guadiamar.
En su comunicado, los ecologistas también aludieron a los vertidos de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena, que entre 2009 y 2023 habrían supuesto, según sus datos, el vertido de 12 millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras depuradas al Guadalquivir a la altura de Sevilla. Añadieron que esos vertidos han incluido cantidades autorizadas de metales como zinc, níquel, arsénico, cobre, plomo y mercurio.
Los convocantes citaron estudios de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada que, según afirmaron, han detectado contaminación por metales pesados en sedimentos del Bajo Guadalquivir y concentraciones de plomo superiores al máximo legal permitido en parte de los peces de río conocidos como albures o lisas.
En este contexto, las organizaciones criticaron que la Junta de Andalucía haya concedido permisos para la reapertura de las minas de Gerena y Aznalcóllar, así como para nuevos vertidos al Guadalquivir durante 18 años. Según los colectivos, el volumen autorizado se acercaría a los 120 millones de metros cúbicos de aguas con presencia de metales pesados.
Los ecologistas advirtieron de que la situación del Bajo Guadalquivir es delicada y vincularon su rechazo a la defensa de la salud pública, la pesca, la agricultura y los empleos ligados al río en municipios como Sanlúcar de Barrameda, donde la desembocadura del Guadalquivir forma parte de la vida económica y social de la ciudad.
