La defensa de la víctima de la presunta violación en la residencia de mayores de Sanlúcar de Barrameda ha emitido un comunicado denunciando el “silencio” y el “irracional proceder” en la gestión interna del caso por parte de la dirección. Al mismo tiempo, además de mostrar su confianza en la justicia, han relatado unos hechos que arrojan detalles hasta ahora desconocidos por la opinión pública, especialmente en lo que a los tiempos de actuación se refiere.
Según señalan, la presunta agresión se habría producido el 19 de febrero, presuntamente por parte de otro usuario del mismo centro: la residencia de mayores ‘Nuestra Señora de la Caridad’. No obstante, la familia afirma que no tuvo conocimiento de los hechos hasta el día 27 de febrero, es decir, ocho días después de que se produjera el suceso. La familia conoció la presunta agresión sexual incluso después de que esta fuera denunciada a la Policía Nacional por una representante de los trabajadores del centro.
En el comunicado, remitido por el despacho de abogados González Saborido a los medios, la familia asegura que los presuntos hechos fueron denunciados por la delegada sindical del Comité de Trabajadores de la Residencia ante la Policía Nacional el 24 de febrero, cinco días después de los presuntos abusos.
La Policía tardó cuatro días en detener al presunto agresor una vez interpuesta la denuncia. Fue detenido y puesto a disposición judicial el 28 de febrero, es decir, al noveno día de la presunta agresión y justo un día después de que la familia conociera lo sucedido. El juzgado de guardia acordó su libertad provisional tras imponerle medidas cautelares como la prohibición expresa de regresar al centro y de comunicarse con la víctima. El procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción en el Juzgado Mixto número 2 de Sanlúcar de Barrameda.
La familia ha querido dejar constancia de su “total y absoluta repulsa ante este tipo de situaciones”, y ha denunciado “el irracional proceder del gobierno de la residencia, guardando silencio ante la ausencia de protocolos que ordenaran otra actuación, obviando el sentido común, ante la gravedad de la situación que la usuaria agredida estaba sufriendo”.
Asimismo, en el comunicado señalan confianza plena en el proceso judicial y confían en que se depuren responsabilidades: “Tanto el autor material como todos aquellos que de una manera u otra y según el baremo de la razón, han actuado de manera negligente, deben verse abocados a un procedimiento penal que depure las responsabilidades necesarias”.
El comunicado concluye con una petición expresa de “respeto y pulcritud en las informaciones que se vierten desde los medios locales” y exige “honestidad en todos aquellos trabajadores que saben de la realidad de lo ocurrido”.
Cabe recordar que lo sucedido comenzó a tratarse de manera interna a principios de marzo en el Consejo de Administración de la empresa pública municipal Emuremasa, responsable de la gestión del centro, pero no saltó a la prensa hasta varias semanas después, cuando el PSOE llevó a pleno la petición de apertura de una comisión de investigación en el Ayuntamiento. Todos los grupos políticos (PP, IU, PSOE y VOX) sacaron adelante la propuesta para la creación de esta comisión de investigación con el objetivo de investigar lo sucedido.
A continuación reproducimos el comunicado íntegro de la familia:
A la vista de las distintas informaciones vertidas recientemente en torno al asunto de la presunta agresión sexual acaecida en la residencia de ancianos “Virgen de la Caridad” de Sanlúcar de Barrameda, la familia de la usuaria agredida, quiere precisar lo siguiente:
1.La presunta agresión se produce por parte de otro usuario, el día 19 de febrero de 2025.
2.Referida agresión es denunciada por parte de la Delegada Sindical del Comité de Trabajadores de la Residencia, el 24 de febrero de 2025 ante la Policía Nacional de Sanlúcar de Barrameda.
3.La primera noticia que recibe la familia es el 27 de febrero de 2025.
4.El presunto agresor es detenido y puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia, el día 28 de febrero de 2025, ordenando el Ilustrísimo Magistrado, la libertad provisional, con medidas cautelares tales como, la prohibición expresa de volver a la residencia y prohibición de comunicación con la persona agredida.
5.El asunto se encuentra instruyéndose en el Juzgado Mixto núm. 2 de los de Sanlúcar de Barrameda, con la premura y celeridad propias de este Juzgado.
La familia de la persona agredida, quiere comunicar su total y absoluta repulsa ante este tipo de situaciones, y denunciar el irracional proceder del gobierno de la residencia, guardando silencio ante la ausencia de protocolos que ordenaran otra actuación, obviando el sentido común, ante la gravedad de la situación que la usuaria agredida estaba sufriendo.
Desde luego, incidir en la total credibilidad en la Justicia y que tanto el autor material como todos aquellos que de una manera u otra y según el baremo de la razón, han actuado de manera negligente, deben verse abocados a un procedimiento penal que depure las responsabilidades necesarias.
Pedimos respeto y pulcritud en las informaciones que se vierten desde los medios locales y HONESTIDAD en todos aquellos trabajadores que saben de la realidad de lo ocurrido.