La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investigado a una sexta en la segunda fase de la operación “Capellán”, una investigación iniciada en 2024 contra un grupo asentado en Sanlúcar de Barrameda que presuntamente estafaba a víctimas mediante la venta de supuestos bonos de redención asociados a billetes sin valor real.
Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, los investigados se hacían pasar por miembros de una orden militar y religiosa de capellanes para dar apariencia de legitimidad a su actividad. A través de este entramado, comercializaban billetes exóticos de escaso valor monetario que ofrecían por cientos o miles de euros, e incluso mediante participaciones que prometían acceder a supuestos títulos valorados en cientos de miles de euros.
De acuerdo con la investigación, la organización llegó a acumular más de diez millones de euros en un corto periodo de tiempo mediante este sistema de captación. Las víctimas eran contactadas principalmente por videoconferencias con un formato similar al de los telepredicadores, una estrategia con la que buscaban generar confianza entre personas con escasa cultura financiera.
Para reforzar la credibilidad del entramado, el líder del grupo —actualmente en prisión— se presentaba como “General Comandante de los Capellanes para España y Francia”, llegando incluso a atribuirse la dirección de capellanes en Europa, Asia y Oceanía, según recoge el comunicado difundido por la Guardia Civil.
La investigación se inició a mediados de 2024, cuando los agentes detectaron que varias personas vinculadas entre sí por lazos familiares habían experimentado un incremento patrimonial significativo sin justificación legal. Los registros practicados entonces permitieron intervenir documentación que ha servido para reconstruir el organigrama de la organización.
En esta segunda fase de la operación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz y tutelada por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda, además de las detenciones se han investigado ocho sociedades mercantiles nacionales y una empresa extracomunitaria presuntamente vinculadas a la actividad del grupo.
La operación continúa abierta mientras los investigadores analizan la documentación intervenida y localizan a posibles nuevas víctimas de la presunta estafa.
