El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la puesta en marcha de un paquete de medidas encaminadas a fortalecer el desarrollo sostenible de las energías renovables y a reforzar que su despliegue se realice de una manera integrada en el territorio. Asimismo, la Junta de Andalucía insta al Gobierno de España a transponer la Directiva europea de 2023 de promoción de la energía procedente de fuentes renovables, RED III.
En este sentido, las medidas, impulsadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas, se agrupan en cinco ámbitos de actuación que fomentan, por un lado, la compatibilidad de los proyectos de energías renovables con las actividades agrícolas y ganaderas, así como su ubicación en zonas industriales o mineras en desuso, permitiendo a su vez la rehabilitación y puesta en valor de éstas.
Por otro lado, persiguen impulsar una mayor huella industrial, atrayendo nuevas actividades económicas, y avanzar en el despliegue de redes y sistemas inteligentes, que contemplan el almacenamiento de la electricidad renovable, contribuyendo a dotar el sistema de mayor robustez, eficiencia y gestionabilidad. En definitiva, se trata de aportar aún más valor a la ventaja competitiva que supone para Andalucía contar con generación eléctrica renovable para la atracción de inversiones industriales.
De esta manera, el Gobierno andaluz prevé fomentar la agrivoltaica como tecnología que, aunque aún se encuentra en estado de desarrollo, permite compatibilizar el suelo de uso agrícola y ganadero con la generación de electricidad renovable. Así, dadas las ventajas que presenta esta convivencia, la Junta de Andalucía trabajará en la identificación de zonas aptas para el desarrollo de sistemas agrivoltaicos y promoverá el estudio de proyectos piloto, que pueden resultar especialmente beneficiosos en zonas en las que los cultivos sufren una alta irradiación solar y pérdida de agua.
Asimismo, elaborará un catálogo de buenas prácticas y de proyectos de referencia, y establecerá ayudas específicas para iniciativas piloto de autoconsumo eléctrico a través de la nueva orden de incentivos para el uso eficiente de la energía (INEA), gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, dentro del programa específico para el sector empresarial y la cadena agroalimentaria.
Un segundo programa de actuación se orientará al despliegue de energías renovables en espacios mineros en desuso. En esta línea, se plantea utilizar la información recogida en el Portal Andaluz de la Minería para analizar e identificar el potencial aprovechamiento de estos espacios y las posibles conexiones a la red eléctrica, así como valorar los proyectos identificados y sus instalaciones eléctricas vinculadas a efectos de su priorización en la propuesta de asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).
En tercer lugar, el paquete de medidas recoge también estudiar la posible implantación de energías renovables en los espacios productivos con los que cuenta Andalucía, que se acercan a los 2.400 distribuidos en 542 municipios andaluces. Estas áreas productivas disponen de amplias superficies construidas en las que se podrían ubicar plantas de este tipo.
Con ese objetivo, se plantearán actuaciones de información y difusión acerca de las ventajas del desarrollo de la electricidad renovable en los espacios productivos, se dará apoyo económico al despliegue de la electricidad renovable a través del programa Espacios Productivos dentro de la orden de Incentivos integrados de competitividad y energía en Andalucía (Incea), dotado con 50 millones de euros, y se identificará, en colaboración con los municipios adheridos a la Red de Ciudades Industriales, suelo desindustrializado que reúna las condiciones para la generación de energía verde.
Un cuarto pilar se centra en el fomento de la huella industrial de las energías renovables, buscando fortalecer su cadena de valor en Andalucía, en el marco del plan de cadena de valor Crece Industria de la energía, frío y climatización. Así, se trabajará en la implantación y desarrollo de una oferta industrial que abarque la fabricación de equipamiento eléctrico y electrónico necesario en las plantas renovables tales como los seguidores, inversores o sistemas de almacenamiento, entre otros elementos y servicios, desde Andalucía.
Bajo esta premisa, la Junta de Andalucía otorgará ayudas para el refuerzo de las capacidades industriales a través del programa de cadenas de valor, dentro de la nueva orden de Incentivos integrados de competitividad y energía en Andalucía (Incea), y elaborará un catálogo que muestre las capacidades industriales existentes en Andalucía. Asimismo, se impulsarán proyectos de energía fotovoltaica en aplicaciones emergentes e innovadoras que muestren las capacidades industriales de Andalucía y que estén relacionados con el reglamento sobre la industria de cero emisiones netas (NZIA), en el que la Consejería de Industria, Energía y Minas es punto de contacto en Andalucía.
En quinto lugar, el programa busca apoyar las tecnologías de energías renovables no suficientemente implementadas en el mercado, impulsando actuaciones de almacenamiento energético, así como proyectos asociados a la gestión de la demanda o la flexibilidad en el ámbito del sector eléctrico, y vinculados con el desarrollo de redes inteligentes y nuevos modelos de negocio asociados a la gestión de la energía.
Todas estas medidas se alinean con lo establecido en la Directiva europea de 2023 de promoción de la energía procedente de fuentes renovables (RED III), que recoge la visión de promover la instalación de proyectos renovables en superficies artificiales y construidas, como los tejados y las fachadas de los edificios, las infraestructuras de transporte y sus entornos inmediatos, las zonas de estacionamiento o las zonas industriales. Asimismo, reforzaría la orientación hacia la aceptación pública de los proyectos mediante la participación directa e indirecta de las comunidades locales.
Además, RED III establece objetivos concretos de energías renovables para sectores como la industria, el hidrógeno renovable, la calefacción, la refrigeración y los edificios. Para alcanzarlos, la normativa exige la adopción de instrumentos y medidas de apoyo adecuados, de ahí que, habiendo transcurrido el plazo máximo para su transposición sin que esta se haya llevado a efecto por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía urja al Ejecutivo central a transponer la directiva sin mayor demora.
