La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recibido 31 solicitudes de sendos centros, fundaciones e institutos públicos de investigación radicados en Andalucía a la convocatoria de 30 millones de euros en ayudas para incorporar, por un periodo de dos años, a jóvenes desempleados como personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+I. En conjunto, las 31 entidades han solicitado subvenciones para la formalización de 307 contratos.
De los 31 solicitantes, 20 son institutos o centros del CSIC, que han pedido fondos para realizar 124 contrataciones con las que incorporar a técnicos de apoyo y de gestión de la I+D+I, siete son fundaciones de investigación, que aspiran a obtener 162 plazas, mientras que las cuatro entidades restantes han pedido 21 contratos. Si se atiende al perfil de la plantilla solicitada, 235 responden a personas con titulación universitaria, 71 a formación profesional de grado técnico superior, y uno al de técnico de grado medio.
Una vez recibidas estas propuestas, la Consejería de Universidad comenzará ahora el proceso de evaluación, que corresponde a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad. En la valoración de las peticiones se tomará en consideración una serie de criterios. El primero de ellos está relacionado con la necesidad e impacto sobre la actividad científica o sobre los servicios de I+D+I de la entidad, que recibirá un máximo de 40 puntos. El segundo aspecto a tener en cuenta será la calidad y contenido del plan de formación dirigido a estos jóvenes, considerando la adecuación de los contenidos, medios y recursos o la existencia de mecanismos de seguimiento y valoración, con un máximo de 30 puntos. En tercer lugar, se prestará atención a la contribución de esta experiencia en la mejora de la empleabilidad del personal que se contrate, con una puntuación de hasta 30 puntos.
Las entidades de I+D+I que finalmente resulten destinatarias de estas subvenciones serán las encargadas de realizar directamente las contrataciones. Para ello, deberán convocar procesos públicos de selección en concurrencia competitiva que tendrán que resolver en un plazo máximo de seis meses.
Este programa de incentivos constituye una de las cuatro grandes líneas de actuación desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para impulsar la carrera investigadora en Andalucía y se centra en el inicio de la trayectoria profesional. Así, tiene como finalidad mejorar la empleabilidad y la formación de las personas contratadas, además de reforzar las actividades de los grupos de I+D y los servicios generales, y de gestión de la investigación de las entidades a las que se incorporan. Se consideran servicios generales de I+D aquellos que ofrecen recursos en equipamiento científico avanzado y proporcionan apoyo funcional e instrumental al desarrollo de las actuaciones, mientras que los de gestión se encargan de realizar funciones administrativas de apoyo. Para la prestación de ambos tipos de servicios se reservará hasta un 10% de la financiación.
Pueden acogerse a esta línea de incentivos jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo y con una titulación universitaria o de formación profesional de grado técnico o de técnico superior. En la selección se primará, con carácter general, el expediente académico, con un peso del 100% del total de la puntuación total. No obstante, también se podrán tener en cuenta otros méritos curriculares como una formación específica o el conocimiento de idiomas, pero sólo en casos excepcionales y para plazas que lo requieran, siempre que este aspecto no supere el 20% de la valoración total del proceso.
Los contratos tendrán un importe anual que oscila entre los 40.000 euros para los titulados de grado, los 26.300 euros para los de FP de grado superior y los 22.700 euros para los de FP de grado medio. Estas cuantías se destinarán a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social del personal contratado.
Este programa se cofinancia con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027, diseñado con el fin de combatir, entre otros aspectos, el alto nivel de desempleo que registra el colectivo juvenil, sobre todo, aquellas personas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un primer empleo.
