La titular de la Diputación, Almudena Martínez, ha presidido la sesión plenaria relativa a este mes de marzo. Una reunión de Corporación provincial marcada por la aprobación unánime de la propuesta de personas y entidades que recibirán este 19 de marzo las distinciones con motivo del Día de la Provincia y en la que, además, se han debatido asuntos acerca de diferentes problemáticas sociales y económicas sobre los que los diferentes grupos políticos han expresado su preocupación y se han planteado posibles soluciones.
Respecto a la propuesta de personas y entidades reconocidas en el Día de la Provincia, todos los grupos han estado de acuerdo en la concesión de la Medalla de la Provincia al Grupo El Faro; Javier Sánchez Rojas; COAG, UPA y ASAJA; Sociedad Cooperativa Andaluza Los Europeos de Alcalá del Valle; Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá; FEGADI; Caballeros Hospitalarios; Colegio de Médicos de Cádiz; Orquesta Álvarez Beigbeder; Paco Ojeda; Cofrademanía; la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía; las Brigadas de Carreteras de la Diputación de Cádiz y los municipios de Ronda y Zahara de la Sierra. Del mismo modo, se reconocerá como Hija Predilecta de la provincia a Sara Baras. El acto solemne con motivo del 19 de Marzo se celebrará mañana jueves en el Palacio Provincial.
A propuesta del equipo de Gobierno, el Pleno también ha acordado por unanimidad formalizar la desafectación pública de un inmueble situado en la capital gaditana, propiedad de la Diputación, en el que se encuentran alojadas las asociaciones Cardjin y Nivel (en la calle Trille). Al pasar a bien patrimonial, la medida facilita la cesión del inmueble y su uso a las citadas asociaciones sin ánimo de lucro, que podrán así continuar realizando sus actividades de formación, información y asesoramiento a personas en riesgo de exclusión social.
El portavoz del equipo de Gobierno, Juancho Ortiz, dio cuenta al Pleno del acuerdo de autorización “inminente” para ocupar terrenos privados, afectados por la ejecución de las obras de emergencias que se están desarrollando en las carreteras provinciales con motivo de las lluvias. Según se confirma en la propuesta, los particulares que sufran ocupaciones en sus terrenos tendrán derecho a indemnización, produciéndose primero la ocupación y con posterioridad la determinación del justiprecio, debiendo iniciarse el expediente a instancias del propietario afectado. Todos los grupos votaron a favor de este punto.
En lo que respecta a las proposiciones de los distintos grupos de la Corporación, cabe señalar que dos de los puntos del orden del día, elevados por PSOE y Partido Popular, se debatieron de forma conjunta. Ambas propuestas eran relativas a la “necesidad de un nuevo modelo de financiación económica para Andalucía”. El portavoz del Grupo Socialista en este punto, Javier Ruiz, defendió que se inste a la Junta a aceptar el modelo de financiación autonómica y la quita de la deuda planteadas por el Gobierno de España. El Grupo Socialista considera que Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas por esta medida al recibir 4.846 millones de euros adicionales, por lo que reafirmar este modelo de financiación “mejora la suficiencia financiera, la equidad y la solidaridad” tanto de la comunidad como de los ayuntamientos.
No coincidió con este planteamiento el Grupo Popular, cuyo portavoz, Juancho Ortiz, defendió en su propuesta instar al Gobierno de España a no avanzar en ningún modelo de financiación autonómica basado en “acuerdos bilaterales o privilegios singulares, como el recientemente presentado por la ministra Montero, por quebrantar el principio de igualdad entre territorios, poner en riesgo la cohesión del Estado y perjudicar directamente a comunidades como Andalucía”. Además, la moción del PP pedía solicitar al Gobierno de España que impulse de manera urgente una reforma del sistema de financiación local que incremente de forma equitativa las transferencias a los ayuntamientos, garantizando una financiación suficiente, estable y justa que les permita prestar servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad.
El punto de coincidencia entre ambas propuestas estuvo en la defensa de una mejor financiación para las entidades locales. No obstante, ambas proposiciones se votaron por separado. La del PSOE salió adelante con los votos en contra del PP, a favor de IU y la abstención de La Línea 100×100; y la del PP salió adelante con los votos en contra del PSOE, y la abstención de IU y La Línea 100×100.
Por otro lado, Ana Carrera, como portavoz del PSOE, defendió una proposición sobre la supresión de unidades en la escuela pública andaluza. Según el Grupo Socialista, “con 92 aulas menos”, la de Cádiz es una de las provincias más afectadas por los “recortes” en unidades educativas públicas. El acuerdo propuesto por el grupo proponente implica “condenar la política de recortes educativos” de la Junta de Andalucía, instar a la reversión de las unidades eliminadas en Andalucía en los últimos años y reducir “de manera urgente” la ratio de alumnado en todas las etapas educativas. Salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y La Línea 100×100, mientras que el PP votó en contra.
También en materia educativa se aprobó una proposición del Grupo Socialista relativa a la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa, en la que se reflejaba las quejas de las familias con menores escolarizados por la falta personal y materiales necesarios en la misma, con presencia de representantes de las trabajadoras de la propia escuela en el Salón de Plenos. La moción solicita a la Junta de Andalucía que dote de manera inmediata de personal técnico educativo y de limpieza al centro para poder garantizar su funcionamiento en términos de seguridad y calidad.
A iniciativa del Grupo de Izquierda Unida se debatieron dos proposiciones. La primera que defendió su portavoz, Ramón Galán, con una defensa del sistema público de salud, pedía plantear modificaciones de la ley sanitaria andaluza que impliquen la puesta en marcha de sistemas de control social sobre las decisiones de la administración sanitaria, regular la relación con el sector privado y potenciar “presupuestos reales” para garantizar su “correcto funcionamiento”. Se aprobó con el apoyo del PSOE y La Línea 100×100; mientras que el grupo Popular votó en contra.
También a propuesta de Izquierda Unida se pidió a la Corporación unidad para rechazar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Considera su portavoz, Ramón Galán, que la medida es una “amenaza” para “la agricultura social y profesional, la soberanía alimentaria, el medioambiente, la seguridad alimentaria y los derechos del campesinado”. Votaron a favor IU y La Línea 100×100 y se abstuvieron PP y PSOE, con lo que la propuesta fue aprobada por mayoría.
Una propuesta del Grupo La Línea 100×100 acerca del acuerdo entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar y su impacto directo en La Línea, defendida por Javier Vidal, ha sido aprobada por mayoría, con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de IU y en contra del PSOE. La moción incluye un paquete de medidas de seguimiento al acuerdo en materias que no están suficientemente claras o bien reguladas, según defendió el portavoz del grupo. Entre ellas figuran garantías para los trabajadores transfronterizos, medidas de apoyo específicas para el municipio de La Línea ante el incremento de presión que puede suscitar la eliminación de la Verja, instar al Gobierno y la Junta a reforzar las inversiones en la zona en materia de infraestructuras, empleo, vivienda o servicios públicos.
En relación al conservatorio profesional de música Paco de Lucía de Algeciras, el Pleno ha acordado por unanimidad instar a la Junta a ejecutar el proyecto de construcción de un nuevo edificio, tal y como están reclamando el profesorado y el alumnado mediante movilizaciones y recogida de firmas, según ha recordado el grupo proponente, La Línea 100×100.
Un debate vigente en la actualidad nacional ha tenido cabida en esta sesión. Se trata de la propuesta de Ley Orgánica que ha presentado el PP en las Cortes Generales para regular en España el uso del velo integral, burka y niqab. El diputado Juancho Ortiz defendió una proposición del Grupo Popular en apoyo a esta normativa y con diferentes disposiciones para su aplicación en el ámbito local, “tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana”. La propuesta de acuerdo sugiere la inclusión en la Ley de Bases de Régimen Local de un epígrafe que permita a los municipios elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios de titularidad pública, con posibilidad de añadir un régimen sancionador y su aplicación en dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público. Se aprobó con los votos favorables del PP y del diputado de La Línea 100×100 Sebastián Hidalgo. Se abstuvo el otro diputado de este grupo, Javier Vidal, y votaron en contra los grupos del PSOE -con un voto menos por ausencia del diputado José María Román- e IU.
