El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto-ley por el que se suspenderá, por un periodo máximo de dos meses, la concesión de nuevas autorizaciones de VTC hasta que se establezcan nuevos criterios que garanticen la armonía y la estabilidad del sector. Este decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, viene a contrarrestar el crecimiento exponencial de las solicitudes producido en los últimos meses.
La consejera de Fomento ha defendido este decreto-ley, que mantiene la hoja de ruta fijada por el Gobierno de Juanma Moreno, que “siempre ha trabajado de manera intensa para garantizar la convivencia, a través de una competencia equilibrada, entre el sector del taxi y los VTC sin perder nunca de vista el interés general de los ciudadanos“.
En ese sentido, ha precisado que la legislación estatal vigente establecía unos criterios para autorizar VTC que, principalmente, se basaban en criterios medioambientales. Un baremo que funcionó hasta este año, donde ha detectado un incremento exponencial de vehículos eléctricos en los VTC, que están exentos del cumplimiento de los criterios medioambientales. Desde el 1 de enero de 2025 hasta mediados de abril se han registrado cerca de 1.400 solicitudes frente a las 3.713 autorizaciones de VTC vigentes en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se presentaron 23 solicitudes.
“El crecimiento descontrolado del número de solicitudes puede repercutir negativamente en el equilibrio y la armonía del propio sector, y afectar en su relación con el taxi”, ha advertido Rocío Díaz. Este decreto-ley se ha confeccionado bajo la premisa “de proteger los derechos de los usuarios” y lograr que “tanto los taxis como las VTC presten sus servicios de manera complementaria y equilibrada”.
Asimismo, ha incidido en que el Gobierno andaluz ha hecho frente a una situación de la que el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, “cargando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas”. “El decreto Ábalos sólo trajo tensión, confusión e inseguridad”, ha aseverado la titular de Fomento.
Rocío Díaz ha mencionado, dentro de esa implicación por lograr la armonía en el sector, la aprobación del decreto de modernización del taxi en 2021 y, un año después, en septiembre de 2022, con un decreto-ley para la regulación de los VTC con el que el Gobierno andaluz pretendía asegurar la convivencia pacífica entre los diferentes servicios de transporte.
Con el nuevo decreto-ley, se suspenderá durante un plazo máximo de dos meses las autorizaciones ordinarias de VTC. La suspensión afecta tanto a las autorizaciones que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor del decreto ley, así como las pendientes de otorgamiento en cualquier fase del procedimiento.
Durante este periodo, la Consejería de Fomento elaborará un estudio técnico sobre la gestión de la oferta del transporte en los vehículos taxi y VTC en Andalucía para mejorar la regulación de estos servicios. Este estudio fijará criterios objetivos para la concesión de autorizaciones de VTC, conforme al régimen jurídico de la legislación estatal, que habilita a las comunidades autónomas para establecer requisitos para velar por la buena gestión del transporte. Se trata de determinar la dimensión actual del servicio, la calidad del servicio prestado y la dimensión adecuada de la flota, para identificar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de transporte en vehículos de turismo que haga viable la sostenibilidad del sistema.
