Miles de personas se han manifestado este sábado en Sanlúcar de Barrameda contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en Gerena, por los vertidos al río Guadalquivir que, según las organizaciones convocantes, podrían afectar al estuario, a la pesca, a la agricultura y al entorno de Doñana.
La movilización, celebrada bajo la lluvia y con el lema “No a los vertidos mineros al Guadalquivir”, ha sido convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace. Según ha informado esta última organización, la marcha también ha contado con el apoyo de varios ayuntamientos de la desembocadura y la ribera del río, entre ellos Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.
Las entidades convocantes han advertido de que los vertidos previstos por ambos proyectos mineros pueden tener consecuencias para los ecosistemas del estuario y para actividades económicas vinculadas al río y al litoral gaditano. En el caso de Los Frailes, según recoge el comunicado difundido por Greenpeace, se prevé un vertido de más de 85.000 millones de litros de agua con metales pesados durante 18 años, a través de una conducción con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Cobre Las Cruces plantea un nuevo vertido de más de 32.000 millones de litros durante 14 años, en La Algaba.
De acuerdo con las organizaciones, estos vertidos llevarían disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Las entidades sostienen que estos elementos suponen un riesgo para la biodiversidad, para las poblaciones ribereñas y para los productos que se cultivan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y en el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.
El comunicado señala además que el estuario del Guadalquivir ya presenta contaminación por metales pesados vinculada a vertidos mineros desde 2009, según un estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. Las organizaciones aseguran que ese trabajo ha detectado plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea en albures, un pescado consumido tradicionalmente en municipios ribereños, así como arsénico en el límite permitido en galeras.
Las entidades convocantes advierten de que la suma de los nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. A su juicio, esta situación comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, con especial incidencia en municipios de la desembocadura como Sanlúcar.
Aunque las empresas y la Junta de Andalucía sostienen, según el comunicado, que las fórmulas de vertido respetan los límites legales de metales pesados en disolución, las organizaciones ecologistas y pesqueras han defendido que estos materiales no salen directamente por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario. En este sentido, apuntan al papel de la presa de Alcalá del Río, la dinámica mareal y el denominado “tapón salino” como factores que dificultan la salida de las aguas interiores hacia el mar.
Por todo ello, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace han reclamado la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria, así como la creación de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe los efectos ambientales, sanitarios y de seguridad alimentaria de los vertidos.
Las organizaciones también han pedido que se analicen los efectos acumulados de ambos proyectos. Según denuncian, la autorización ambiental del vertido de Los Frailes se ha concedido sin tener en cuenta el efecto conjunto con el vertido ya autorizado de Cobre Las Cruces.
En el comunicado, las entidades convocantes han criticado además la actuación de la Junta de Andalucía, a la que atribuyen una actitud de “sordera institucional” ante las advertencias formuladas por colectivos sociales, pesqueros y ecologistas. También han señalado una falta de transparencia de la Consejería de Medio Ambiente, al afirmar que se han ocultado informes técnicos en procesos judiciales abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la evaluación de los vertidos.
La protesta sitúa de nuevo a Sanlúcar en el centro del debate sobre el futuro del Guadalquivir y su desembocadura, un espacio del que dependen parte de la actividad pesquera, agrícola y marisquera de la zona, además de su relación directa con el entorno de Doñana y el Golfo de Cádiz.
