La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha convocado dos líneas de subvenciones destinadas a la formación de los operadores jurídicos en asistencia a víctimas, Justicia Juvenil y medios alternativos de resolución de controversias como la mediación, que desde el 3 de abril son obligatorios antes de interponer una demanda en algunos asuntos como los casos civiles y mercantiles. El presupuesto total es de 36.000 euros y el plazo para solicitar estos fondos estará abierto hasta el 30 de junio.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), especifica que podrán solicitarlas asociaciones, fundaciones y entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas. Las ayudas se distribuirán en régimen de concurrencia no competitiva.
En concreto, la Consejería destina 18.000 euros para formación de los distintos operadores que intervienen en el ámbito de la asistencia a las víctimas, a través de servicios como el SAVA, y de la Justicia Juvenil, en los centros y servicios donde cumplen medidas menores infractores y se trabaja en su reeducación.
El año pasado recibieron estas subvenciones la Fundación Diagrama, la entidad Atenin y la asociación Avide.
Otros 18.000 euros se destinan a la formación de los profesionales de la Abogacía y la Procura del sistema de Justicia Gratuita, así como a mediadores y entidades de mediación o responsables de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.
En 2024 recibieron estas ayudas la Asociación Interdisciplinar de Mediación Intermedia y la Federación española de Justicia Restaurativa, en el marco del impulso a la mediación que la Consejería inició anticipándose a la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que contempla la obligatoriedad de intentar vías alternativas de resolución de conflictos como requisito previo para interponer una demanda civil o mercantil.
Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática en el registro electrónico único de la Administración Junta de Andalucía y la Consejería tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver la petición desde su entrada. El silencio administrativo implicará que la solicitud es positiva.
Las actividades formativas podrán haberse celebrado con anterioridad a la solicitud, siempre en el año en curso, o deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.