La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aumentará en más de un 25% el número de empresas andaluzas que prevé visitar a lo largo de este ejercicio, en comparación a la que se sustanciaron el pasado año, para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Ante el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera del ramo, Rocío Blanco, ha concretado que para 2025 está previsto que los técnicos realicen 6.240 visitas a 3.120 empresas, lo que supone un 25% más de empresas que en 2024, cuando se llevaron a cabo un total de 5.151 visitas en 2.451 centros de trabajo. Además, en este periodo se alcanzó una tasa de formulación de requerimientos superior al 72% y un porcentaje de subsanación de deficiencias cercano al 95%.
En el transcurso de una interpelación relativa a política general en materia de seguridad y salud laboral, Blanco ha detallado las medidas que impulsa la Consejería, como la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, actualmente en vigor y consensuada con los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), un instrumento que tiene en cuenta las características propias del tejido empresarial andaluz y que se suma a los esfuerzos ya realizados a través de la anterior Estrategia, cuyo horizonte temporal fue entre 2017 y 2022, prorrogada en el 2023, y el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía.
La Estrategia 2024-2028 prevé una inversión de más de 48 millones de euros y contempla siete objetivos generales que, alineados con el marco de la Unión Europea y de España, se desarrollan mediante dos Planes de Actuación. El primero, entre 2024 y 2026, aún en vigor, recoge cien medidas con una inversión cercana a 23 millones de euros. Entre otras, incluye 31 actuaciones por 2,6 millones para lograr reducir los accidentes de trabajo e igualmente contempla actuar sobre la prevención de patologías no traumáticas como infartos o ictus.
Entre otras medidas novedosas, se va a poner en marcha un nuevo programa dirigido a la prevención de accidentes por atrapamiento y vuelco de maquinaria, y se van a impulsar acciones para la coordinación con Emergencias 112 Andalucía, además de un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal para aumentar la efectividad de los protocolos de actuación y desarrollar actividades formativas en esta materia.
A ellas se suman otras acciones destinadas a la formación, sensibilización y formación sobre la seguridad y salud en distintos sectores como el agrícola, la construcción o los trabajos en altura. Un ejemplo es el caso de la campaña sobre prevención frente al estrés térmico por calor, dirigida a sectores como el de la construcción, la agricultura y la logística, donde las altas temperaturas pueden tener un impacto significativo en la salud de los trabajadores. Esta iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de mayo, se refuerza desde junio hasta septiembre.
Subvenciones en Prevención de Riesgos Laborales
Asimismo, Blanco ha recordado que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) concede una línea de subvenciones para realizar proyectos de investigación innovadores en este marco, dirigida a universidades, cátedras y asociaciones sin ánimo de lucro, que de 2022 a 2024, ha permitido financiar 24 proyectos por más de 763.000 euros. En 2025 se ha vuelto a publicar la convocatoria por un importe de 500.000 euros.
Igualmente, la Consejería impulsa una línea de incentivos para pymes destinada a mejorar las condiciones materiales de sus centros de trabajo. La convocatoria actual, aún en plazo de solicitud, suma 4,86 millones de euros y podrá beneficiar a más de 450 empresas y autónomos, con incentivos de entre 1.200 y 15.000 euros que cubren hasta el 75% de las inversiones destinadas a la sustitución y adaptación de maquinaria y equipos de trabajo, la compra de instalaciones específicas para control de contaminantes o la adquisición de sistemas de prevención para el trabajo en altura. El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 395 empresas, gracias a la concesión de más de cuatro millones de euros.
Con todo, Rocío Blanco ha subrayado que toda la política en materia de seguridad y salud en el trabajo que desarrolla la Consejería de Empleo está acordada y consensuada con los agentes sociales y económicos, al tiempo que ha recordado que si bien el Ejecutivo es responsable de promover la seguridad y salud laboral, las empresas también tienen que garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, y los empleados, trabajar de manera segura, protegerse y no poner en peligro a otros, conocer sus derechos y participar en la implementación de las medidas preventivas, porque trabajar por la tasa de siniestralidad cero es tarea de todos.
