La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de la última Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, tras año y medio de espera. En el seno de esta reunión, la consejera propuso al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la necesidad de que el Estado aborde un plan nacional para la modernización de las infraestructuras educativas, dado que una gran mayoría de centros se construyeron entre las décadas de los 70 y 90, y exijió un esfuerzo presupuestario de adecuación muy importante que están asumiendo en solitario las comunidades autónomas. A este respecto, Castillo ha destacado que la mayoría de consejeros y consejeras presentes estuvieron de acuerdo con esta iniciativa.
Durante su intervención, Castillo ha señalado que el Gobierno andaluz “no ha parado, y se ha realizado un gran esfuerzo en los último seis años, con una inversión de casi 600 millones de euros para la renovación de los centros docentes públicos”. En la misma línea, la consejera recordó a la ministra que su Gobierno no ha cumplido con el anuncio que hizo en 2022 de distribuir 200 millones de euros para la bioclimatización de los centros educativos del país, una cantidad que, precisamente, coincide con la inversión del Gobierno andaluz para dotar de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas a 542 centros andaluces en estos últimos años.
Igualmente, la consejera de Desarrollo Educativo, al igual que otras comunidades autónomas, pidió al Gobierno de España financiación para la atención de las necesidades educativas especiales, que en Andalucía se ha incrementado un 74% el presupuesto para la mejor atención de este alumnado, que está creciendo a un ritmo anual de un 7%.
Otro de los temas tratados en la Conferencia Sectorial, ha explicado María del Carmen Castillo, fue el anuncio por parte de la ministra de Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de la próxima convocatoria de una Conferencia Sectorial monográfica sobre Formación Profesional. En este sentido, la consejera avanzó que en esa reunión se trasladarán dos cuestiones fundamentales: la posibilidad de implementar incentivos fiscales a las empresas que colaboren con la FP Dual para la formación compartida del alumnado y así poder atraer, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas a unas enseñanzas que ya son clave en el desarrollo económico y social en todo el país, y la financiación y gestión del alta del alumnado en la Seguridad Social, que Andalucía está asumiendo con fondos propios.
Igualmente, Castillo ha señalado que también se abordó el primer ciclo de Infantil, después del anuncio del Gobierno de España de destinar 175 millones de euros en una nueva fase para la ampliación de la gratuidad. En este sentido, Andalucía ha defendido una flexibilización en el destino de los fondos, para que se puedan ajustar a las características y necesidades de cada modelo autonómico. La consejera ha subrayado que la Junta invertirá este año 290 millones, incluyendo la medida de la gratuidad del tramo de dos años, para todos los niños y niñas andaluces a partir del curso 2025-2026.
