El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los acuerdos suscritos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con los principales representantes del sector educativo, tanto público como concertado, para impulsar una mejora integral del sistema educativo andaluz y dar respuesta a muchas de las demandas planteadas por la comunidad educativa. Ambos acuerdos, firmados en julio de 2025, buscan fortalecer la calidad de la enseñanza, la equidad y las condiciones laborales del profesorado.
El primero de los acuerdos, firmado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, reforzará la plantilla pública con 6.528 docentes, de los que 2.528 ya se han incorporado este mes de septiembre, en su mayoría, en los centros educativos más vulnerables y que necesitan mejorar sus resultados. Este primer cupo forma parte de un plan de choque para potenciar los resultados académicos, impulsar la competencia digital, reforzar las enseñanzas de FP y atender al alumnado con necesidades educativas especiales.
Este cupo de profesores ha supuesto una inversión de 130 millones de euros, cofinaciados con fondos europeos, y permitirá también cumplir con el objetivo de bajar la ratio a 22 alumnos por aula en el segundo Ciclo de Infantil, una medida que comenzará a implantarse en el curso 2026-2027 y que quedará completada en el curso 2028-2029.
Otra de las medidas recogidas en este acuerdo es que los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como doble para el cálculo de la ratio a la hora de repartir docentes de refuerzo tanto en Primaria como en Secundaria Obligatoria. También se aborda la carga burocrática del profesorado, una reclamación de los docentes andaluces para poder dedicar más tiempo a su labor en las aulas. Así, la Junta de Andalucía ha trabajado en soluciones para reducir y simplificar informes y procedimientos, eliminar duplicidades y mejorar la gestión digital de permisos y evaluación del alumnado.
El acuerdo incide además en la carrera profesional de los docentes andaluces. En este sentido, se recupera la convocatoria, después de 25 años, de los procedimientos que permiten acceder al profesorado de Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño.
Los once acuerdos previos firmados por los sindicatos han sido la antesala de este último pacto. Estos acuerdos supusieron, entre otras iniciativas, equiparar los salarios de los docentes con la media nacional, abordar la ampliación de la plantilla e incrementar el número de horas de los monitores escolares para que trabajen a jornada completa.
Acuerdo con la enseñanza concertada
Respecto al acuerdo con las organizaciones patronales Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA, y las organizaciones sindicales FSIE, USO y UGT, que representan a más del 90% de la Mesa de la Concertada, cumple el triple objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros, las condiciones laborales del profesorado y potenciar la calidad de la oferta educativa en una red de centros que forma parte del sistema educativo andaluz junto al público. Se trata del decimotercer acuerdo suscrito desde 2019, con medidas efectivas para responder a las demandas planteadas por este sector.
Así, destaca la incorporación de 158 docentes más y la creación de un módulo autonómico para la partida de ‘otros gastos’ por primera vez en Andalucía, cuyo importe logre la equiparación al promedio de las comunidades autónomas desde 2026 hasta 2028, y que servirá entre otras cuestiones para mejorar las condiciones del Personal de Administración y Servicios de los centros concertados. Además, contempla el fortalecimiento de los equipos directivos y la simplificación y desburocratización de la labor docente, así como la extensión de mejoras salariales a los docentes excluidos en pasados acuerdos, incluyendo la paga de los trienios de los docentes cooperativistas.
Para potenciar la calidad de la oferta educativa, el convenio presta especial atención a la mejora de la oferta de Educación Especial y las enseñanzas de FP, la reducción progresiva de ratios en el 2º ciclo de Educación Infantil priorizando los centros en zonas rurales y municipios con baja natalidad o con baja densidad de población y la creación de nuevas unidades de apoyo a la integración. De igual modo, se acordó también la participación en programas de refuerzo de plantilla orientado a la mejora de competencias clave y al programa de zonas de transformación social.
