El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía (LEPA), una norma que busca contribuir a mejorar los polígonos industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios y de facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo.
La norma pretende acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento. Todos estos planteamientos se abordan mediante un enfoque integral en el Proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, situando por primera vez a los espacios productivos en el mayor rango normativo.
En Andalucía se contabilizan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Se estima que suponen un 40% de los polígonos a nivel nacional.
La futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria. Por ello, una de las medidas clave es la creación del ‘Espacio Industrial Protegido’, una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales. Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.
El texto incluye, además, nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los ‘Proyectos Tractores de la Industria’ (aquellos que generan un relevante efecto arrastre para la economía local) e instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos. Igualmente, para mejorar el conocimiento de la oferta de espacios productivos se reforzará la información que ya proporciona el IECA a través de un catálogo.
Del mismo modo, contempla herramientas para abordar uno de los problemas que limitan el crecimiento de los polígonos y que está relacionado con la disponibilidad de energía eléctrica. En esta línea, se recoge la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica en estos espacios, una tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras actuaciones.
Imagen aérea del Polígono Industrial La Negrilla, en Sevilla.
Cogobernanza
Asimismo, la futura Ley propugna un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y en la cooperación entre la Junta de Andalucía y la administración local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como entre empresas para mejorar la coordinación, formación y colaboración en ámbitos como la economía circular o las infraestructuras eléctricas comunes. Para ello, la Ley recoge la figura de las ‘Entidades de Gestión y Modernización de los Espacios Productivos’.
Otra medida que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado-excelente. Además, se añaden las etiquetas de polígono ‘fabril’ en función de su especialización industrial, y de ‘inteligente’, ‘sostenible’ o ‘Eco-green’, según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Esta medida pretende que todos los polígonos conozcan cuál es su situación de partida respecto a los demás y les ayude a destacar sus potencialidades y a priorizar las actuaciones a mejorar.
Aunque está impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, la futura Ley cuenta con un carácter transversal, ya que implica a las consejerías de Presidencia, Economía, Fomento, Sostenibilidad, Justicia, Universidad, Empleo y Cultura. Su objetivo principal es establecer un marco legal que permita a los espacios productivos andaluces convertirse en generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, atrayendo inversión industrial y ofreciendo para ello un entorno favorable en el que se reducen trabas, simplifican trámites y se garantizan procesos ágiles para la implantación de nuevos proyectos industriales.
En este marco, sin esperar a la aprobación de la Ley, la Consejería de Industria, Energía y Minas tiene previsto lanzar una línea de ayudas de 50 millones de euros específica para la mejora de los polígonos que se incluye dentro del nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales: la competitividad industrial y la eficiencia energética. La convocatoria está prevista que se lance en el último trimestre de 2025.
El Proyecto de Ley de Espacios Productivos se encuadra, además, dentro de la política de impulso a la industria del Gobierno andaluz, que trabaja para ofrecer un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial y generar un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial, contemplándose como una de las medidas del Plan Crece Industria.
En diciembre de 2022, la Junta de Andalucía firmó un protocolo de colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para fomentar el crecimiento de la base industrial y empresarial a través de la mejora de sus espacios productivos. En marzo de 2023, la futura ley de espacios productivos se incluyó entre las medidas acordadas en el marco del diálogo social y en abril de 2023 la Consejería de Industria realizó una consulta pública que evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios.
