La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha resuelto las subvenciones que cada año otorga a las diputaciones provinciales para que estas puedan cofinanciar los costes de los materiales de las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que se ejecutarán a partir del último trimestre de este año y hasta septiembre de 2026. La aportación de la Junta para esta convocatoria, cuya resolución se publica hoy en el BOJA (https://lajunta.es/5vrxq) asciende a un total de 65.754.790,88 euros, correspondiente a la participación de la Administración andaluza una vez que el Gobierno central ha fijado la financiación prevista y que mantiene congelada sin incremento desde 2023.
El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) cuenta con la participación económica de tres administraciones. El SEPE se hace cargo de los costes salariales de los proyectos, una aportación que no se ha incrementado y que condiciona la aportación tanto de la Junta como de las diputaciones. Ambas deben asumir conjuntamente el gasto en materiales, que equivale al 45% de la cantidad que aporta el Estado. Así, la Junta financia el 75% de ese importe y el resto las diputaciones. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno central un incremento en la financiación del PFEA, lo que permitiría a Andalucía aumentar de manera proporcional su contribución.
Así, este año corresponde a la Consejería destinar 65,7 millones de euros, unos fondos que se consignan en dos ejercicios presupuestarios (2025 y 2026) y que se distribuyen entre las ocho diputaciones, quienes a su vez se encargan de hacerlos llegar a los ayuntamientos cuyos proyectos son aprobados.
Las cuantías que recibe cada institución provincial son las siguientes: Almería 3.655.966,37 euros, Cádiz 7.594.678,35 euros, Córdoba 10.211.719,02 euros, Granada 8.534.971,86 euros, Huelva 5.536.553,39 euros, Jaén 8.679.632,39 euros, Málaga 7.134.394,82 euros y Sevilla 14.406.874,68 euros.
El PFEA es un ejemplo de colaboración entre administraciones y una herramienta que permite generar empleo en el medio rural y fijar la población al territorio. Gracias a estos fondos los ayuntamientos andaluces pueden llevar a cabo trabajos de mejores en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos desde calles y caminos rurales a parques y espacios naturales, instalaciones municipales como centros de mayores, bibliotecas, colegios, polideportivos, etc. Unas obras con las que se generan cada año más de 100.000 jornales entre los trabajadores agrarios de los municipios andaluces.
