El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido el “éxito” del sistema de Justicia Juvenil andaluz al lograr un índice de reinserción del 80% de los menores infractores que cumplen medidas judiciales en los centros y servicios de la Junta. “Es un dato muy positivo y muy difícil de lograr”, ha detallado, por lo que ha justificado como una inversión y no como un gasto el presupuesto destinado, que se ha incrementado un 12% desde 2018 hasta alcanzar los 82,5 millones de euros este año. El consejero ha hecho también un llamamiento a “no criminalizar” a estos jóvenes que “podrían ser el hijo de cualquiera”, dada la variedad de perfiles de menores y familias que son atendidos en estos recursos.
Nieto ha comparecido en la Comisión parlamentaria sobre Infancia y Adolescencia, en la que ha valorado la labor de los casi 2.000 profesionales que trabajan en los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil con una “vocación sin la cual sería materialmente imposible prestar este servicio con el nivel de excelencia que se hace”. Una excelencia que hace que Andalucía sea un “referente” no solo para el resto de comunidades autónomas sino también para otros países, como demuestran las visitas a la red andaluza de delegaciones de Alemania o Jordania.
“Cuando un chico pasa por alguno de los servicios de Justicia Juvenil sale con herramientas nuevas para afrontar la realidad y, eso, es algo de lo que tenemos que sentirnos todos orgullosos porque hace que la sociedad sea más segura y que los jóvenes estén en mejores condiciones para integrarse”, ha subrayado.
Más medidas de medio abierto que internamientos
La Junta atendió en 2024 a un total de 5.795 menores infractores, que cumplieron medidas impuestas por los jueces en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, aprobada hace 25 años. La mayoría (4.681) cumplieron medidas no privativas de libertad, siguiendo una “tendencia a la baja de las medidas de internamiento decretadas por los jueces” (1.141 menores pasaron por los CIMI el año pasado).
Andalucía cuenta con un total de 751 plazas para chicos, chicas y unidades especializadas de internamiento terapéutico, repartidas en los 14 centros de internamiento de menores infractores (CIMI). El último de ellos se puso en marcha recientemente en Málaga, con 50 plazas.
El 60,42% de los internamientos decretados por los jueces fueron en régimen semiabierto, “algo que nos parece positivo porque contribuye a su reinserción”; el 24,39% terapéuticos (relacionados con trastornos de conducta o adicciones) y el 7,59% en régimen cerrado.
Los jueces de Menores optan en mucha mayor medida por medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la permanencia en alguno de los 17 grupos educativos de convivencia (GEC), o tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad que realizan en servicios municipales o entidades sociales gracias a los convenios que la Consejería tiene con 230 ayuntamientos y 19 ONG.
El 87% son españoles
La edad media es de 16-17 años y los delitos más comunes los de lesiones, torturas e integridad moral (vinculados al acoso escolar, sobre todo) y contra el patrimonio (hurtos). En el caso de las chicas, en cambio, destaca la violencia filioparental.
Nieto ha llamado especialmente la atención sobre un dato: el 86% de los que pasan por algún recurso de medio abierto y 87% de los que cumplen medidas de internamiento en los CIMI son españoles. Lo ha hecho para contrarrestar con “datos reales” el “falso discurso” que criminaliza a los menores extranjeros no acompañados. “No es verdad que aquí los delitos los cometen los menores extranjeros”, ha subrayado tras instar a “no jugar con algo tan sensible como los niños” y dejar claro que desde el Gobierno andaluz “no vamos a participar de esa estrategia”.
Por ello, ha insistido en “no criminalizar” a estos menores, pues el perfil de los jóvenes que llegan a estos recursos es muy amplio, destacando que un elevado número “no proviene de familias desestructuradas” ni tampoco son jóvenes extranjeros. “Podría ser mi hijo o el de cualquiera”, ha incidido.
1.400 jóvenes evitan ir a juicio gracias a la mediación
La Ley del Menor apuesta por la mediación como alternativa al juicio, sobre todo en delitos leves, y supone todo un éxito en Andalucía, ya que el año pasado 1.400 jóvenes no llegarán a juicio gracias al “trabajo extraordinario” de los equipos profesionales de los ocho servicios provinciales de Mediación Penal de Menores que facilitaron el acuerdo con las víctimas y la Justicia restaurativa. Un trabajo que ha servido de guía para crear en 2024 el SEMPA, el Servicio de Mediación Penal para adultos.
En el 36% de los casos (754) se evitó el juicio mediante actos de conciliación con “una petición de perdón directa del menor”; en un 32% (658), gracias a la reparación del daño “porque el menor tiene que interiorizar que ha hecho algo mal y tiene que reparar el daño”; y en otro 32% (672), a través de la realización por parte del menor de actividades socioeducativas sustitutivas de las medidas judiciales como talleres de educación vial en los delitos de tráfico.
“La mediación consigue que la víctima no solo quede satisfecha, sino que sienta restaurado el dolor, porque la mayoría de las víctimas no quiere venganza sino entender por qué la otra persona lo ha hecho, que le pida perdón y que de verdad sienta lo ocurrido”, ha explicado.
Primer Observatorio público de España y Europa
El consejero también ha informado de que “Andalucía contará con el primer Observatorio de Justicia Juvenil de España y el primero público en Europa” (solo hay uno en Bélgica de una Fundación privada) que permitirá ampliar el conocimiento de la realidad de los menores infractores, con datos cualitativos y cuantitativos actualizados para evaluar y actualizar la intervención que se realiza con los menores infractores.
“Los jóvenes de hoy no son iguales que los de hace años y sus conductas delictivas también cambian, por lo que la intervención socioeducativa para corregir esas conductas debe cambiar”, ha explicado, poniendo como ejemplo los trastornos de conducta y conflictos sociales asociados a las adicciones digitales que han surgido con la generalización de las redes sociales, el uso de móviles o el juego online.
Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno del decreto para su creación, actualmente está constituyéndose la composición de este órgano colegiado en el que estarán representados las consejerías con competencias en educación, empleo, familias, formación profesional, políticas migratorias, infancia, juventud, salud y violencia de género, así como profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, las universidades o las entidades que gestionan los centros y servicios andaluces.
“El objetivo es recopilar datos, contrastarlos, analizarlos para la mejora continua del sistema para seguir siendo un referente y hacerlos públicos en aras de la transparencia”, ha subrayado.
Expediente Electrónico Único
Por último, el consejero ha hecho referencia que “el ansiado papel cero ya ha llegado a la Jurisdicción de Menores” con el Expediente Electrónico Único del Menor en el que “también somos pioneros porque no hay ninguna otra comunidad que lo tenga y ya hay varias que se han interesado”. Permite a todos los agentes judiciales acceder al expediente completo de un menor sin riesgo de que “se traspapele nada ni se retrasen trámites”. En lo que va de año ya se han tramitado 6.589 medidas judiciales por medios digitales y realizado más de 200.000 notificaciones electrónicas con los juzgados de Menores.
