La Junta de Andalucía ha multiplicado por doce el número de parcelas y edificaciones objeto de expedientes como método eficaz para evitar la construcción de edificaciones ilegales sobre suelo no urbanizable. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha repasado el “cambio de modelo de la labor inspectora”, basado más en la prevención y que ha permitido que este año se hayan alcanzado 425 precintos de parcelas en lo que va de año. Además, ha anunciado que la inspección urbanística llevará a cabo nuevas operaciones con el precinto de otras 100 parcelas ilegales.
Rocío Díaz ha reivindicado en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía que el cambio de modelo responde “a una premisa clara, que nadie se sale la ley y nadie construya donde no puede hacerlo”. La consejera ha precisado que el actual Gobierno andaluz “tenía que contrarrestar la situación generada durante anteriores ejecutivos, con la proliferación de edificaciones irregulares”. “Un legado –ha añadido– que ha ocasionado un daño ambiental, territorial y de la propia imagen de Andalucía”.
Rocío Díaz ha recordado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ya ofreció una solución a esos cientos de miles de viviendas en suelo rústico sobre las que no era posible adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística porque había prescrito la acción de la administración. “Unas viviendas que se encontraban en un limbo jurídico”, ha descrito. Una vez allanado ese camino y aportando soluciones, el siguiente paso ha sido mejorar la eficacia de la labor inspectora, que “debía poner el acento en la prevención antes que en la represión” para evitar que se pudieran dar casos de nuevas edificaciones ilegales.
La consejera ha indicado que el balance de actuaciones del Gobierno andaluz en estos cinco años “avalan la eficacia del trabajo desarrollado”. Así, se ha triplicado el numero de actuaciones en materia de disciplina urbanística desde 2018. Una cifra que se multiplica por doce en el caso del número de parcelas y edificaciones objeto de expedientes (433 en este 2024 frente a 38 en el año 2018).
Rocío Díaz se ha detenido en el número de precintos, una de las herramientas más eficaces en materia de prevención. Hasta mediados de septiembre se precintaron por la Inspección de la Junta 425 edificaciones y parcelas ilegales, una cifra superior a los dos últimos años 2022 y 2023, donde se efectuaron 375 y 367, respectivamente, pero, sobre todo, más que en 2018, donde no se precintó ninguna edificación. En este trabajo de prevención, la titular de Fomento ha avanzado que los equipos de inspección trabajan en nuevas operaciones donde se precintarán más de 100 parcelas ilegales. Asimismo, ha señalado que no sólo hay un cambio de tendencia en los datos, sino también un cambio de mentalidad, ya que “las actuaciones inspectoras se difunden y existe una mayor conciencia social”.
Medidas de refuerzo
La consejera de Fomento ha hecho un repaso por las medidas llevadas a cabo para el refuerzo de la labor inspectora. Así, la LISTA incluye en el ordenamiento jurídico por primera vez el concepto de disciplina territorial y otorga a la Junta la competencia directa para intervenir frente a las infracciones de mayor impacto en el territorio sin necesidad de acreditar la previa inactividad del municipio. Además, crea el Cuerpo de Subinspectores de Ordenación del Territorio y Urbanismo y refuerza los medios.
Este cambio también se ve reflejado en el reglamento de la LISTA, que simplifica la tramitación de los procedimientos, obliga a una mayor coordinación con la jurisdicción penal y ahonda en la importancia de las medidas cautelares y del acto de precinto. En paralelo, se ha reorganizado el servicio, lo que ha “permitido una mayor presencia de los inspectores en el territorio“. Frente a las 164 actas levantadas en el año 2018, se han levantado “con los mismos recursos” 833 actas en 2021, 900 en 2022 y 637 en 2023. “En lo que va de año se han levantado ya en torno a 600 actas”, ha añadido.
La consejera también ha trasladado la dotación de nuevas herramientas tecnológicas como “el uso de drones y un servicio pionero basado en un software para la detección de cambios en el territorio a partir de imágenes satélite” o el nuevo Plan General de Inspección Territorial y Urbanística, que “establece las líneas prioritarias de intervención de la inspección hasta 2026”, entre las que destacan el control de las parcelaciones irregulares en suelo rústico o la protección del espacio litoral.
Por último, ha manifestado que este aumento es, en buena parte, fruto de los “cauces de comunicación abiertos con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística”, destacando la colaboración de la Inspección de la Junta de Andalucía con la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, con la Guardia Civil y la Fiscalía especializada en delitos sobre Ordenación del Territorio.