sábado, 19 abril 2025

El PP de Sanlúcar acusa al Gobierno central de bloquear las ayudas al transporte urbano

La líder local de los populares, Carmen Pérez, asegura que "el mantenimiento de las ayudas al autobús y la revalorización de las pensiones depende exclusivamente de la voluntad de PSOE e IU”

La presidenta local del Partido Popular en Sanlúcar de Barrameda y senadora, Carmen Pérez, ha señalado que la continuidad de las ayudas al transporte urbano depende exclusivamente del Gobierno central, liderado por PSOE e IU, integrada en Sumar. Pérez ha criticado lo que considera “mentiras” en torno a la postura del PP sobre la prórroga de estas ayudas y la revalorización de las pensiones.

Según la senadora, el Partido Popular votó en contra del llamado decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados porque este incluía hasta 80 iniciativas distintas, entre ellas, subidas de impuestos debido a la no prórroga de las bajadas de IVA, medidas de mayor protección para okupas, recortes en la financiación de servicios esenciales como la sanidad, educación y políticas sociales, además de la cesión de un inmueble en París al PNV como sede del Instituto Cervantes.

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Pérez ha destacado que, a pesar de esto, el PP sí respaldó otro decreto enfocado únicamente en las pensiones. “El Gobierno puede solucionar este problema presentando decretos separados: uno exclusivamente para las ayudas al transporte urbano y otro para la revalorización de las pensiones, y el PP los apoyará”, ha explicado.

La dirigente popular ha sugerido además que el Ejecutivo tramite con urgencia la proposición de ley presentada por el PP para abordar específicamente estas cuestiones. Asimismo, ha instado al Gobierno a no actuar como “bomberos pirómanos” que, según su opinión, generan conflictos por motivos partidistas.

En contraste, Pérez ha subrayado que la Junta de Andalucía mantendrá sus bonificaciones al transporte, con un aporte del 20% del coste de los bonos multiviajes interurbanos.

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El Partido Popular insiste en que su oposición al decreto ómnibus no implica un rechazo a las medidas sociales específicas, sino a un paquete legislativo que consideran perjudicial en su conjunto.

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