El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar aprobó por unanimidad, en la sesión ordinaria celebrada en marzo, la modificación presupuestaria propuesta por la alcaldesa, Carmen Álvarez, con el objetivo de finalizar las obras de rehabilitación pendientes en la antigua Cárcel Real y proceder a su apertura como Casa de la Cultura.
Según explicó la regidora, este acuerdo permitirá dar el “impulso definitivo” a los trabajos, contando para ello con una inversión global de 1,2 millones de euros. La modificación presupuestaria aprobada asciende a 993.926,23 euros, cantidad que se financiará mediante bajas de créditos en partidas de gastos, principalmente en proyectos no ejecutados dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) durante el anterior mandato municipal. A esa cantidad se suman los 206.000 euros que el Ayuntamiento ya tiene disponibles para este fin.
Además, la Corporación municipal respaldó de forma unánime la propuesta conjunta impulsada por la alcaldesa de Sanlúcar junto a los alcaldes de Rota, Chipiona y Trebujena, en la que se solicita a la Junta de Andalucía que investigue los posibles vertidos contaminantes al estuario del río Guadalquivir procedentes de la explotación minera Las Cruces de Gerena (Sevilla). Esta propuesta también insta a la Administración autonómica a que evalúe los posibles impactos socioambientales de dichos vertidos, establezca una moratoria para nuevas explotaciones mineras e informe a la ciudadanía de manera transparente sobre estas actividades.
En otro punto del orden del día, el Pleno aprobó también por unanimidad una propuesta del PSOE para la creación de una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos en la residencia de mayores de la localidad. Durante el debate, la alcaldesa manifestó su disposición a colaborar para esclarecer lo sucedido: “Estoy dispuesta a apoyar lo que haga falta para que se esclarezca la verdad. Hasta esta falsa investigación que desde luego no cuenta con el apoyo de la familia”. Asimismo, recordó que, a su juicio, “el consejo de administración de la empresa Emuremasa es el órgano competente para abordar esta cuestión y no el Pleno del Ayuntamiento a través de una comisión especial de investigación que deriva el tema a lo político, cuando la situación es muy vulnerable por los hechos ocurridos en la empresa”.
Carmen Álvarez detalló además las gestiones realizadas en su calidad de presidenta de Emuremasa y consejera de IU, señalando que llevó en tres ocasiones al consejo de administración la propuesta de apertura de un expediente disciplinario al director de la residencia, iniciativa que lamentó no saliera adelante.
El Pleno también dio luz verde a otras mociones presentadas por los distintos grupos políticos. Entre ellas, propuestas de Izquierda Unida en apoyo al sector veterinario y para reclamar a la Junta medidas de respaldo al alumnado con necesidades educativas especiales; iniciativas del Partido Popular para promover mejoras en el sector del taxi; una propuesta del PSOE sobre medidas relacionadas con las viviendas de uso turístico; y mociones de Vox que incluyeron, entre otras, la petición de adhesión del Ayuntamiento a la Alianza del Movimiento de Jóvenes sin Tabaco.