El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar ha votado en contra de la propuesta del Gobierno de Carmen Álvarez para aplicar en 2026 la subida del IPC en el recibo del agua. Según la portavoz de la formación, Carmen Infantes, esta medida supondría “una nueva carga fiscal para los vecinos” y “castiga a las familias sanluqueñas”.
Durante el Pleno extraordinario celebrado este miércoles 6 de agosto, Infantes recordó que “en 2022, Izquierda Unida pidió que la empresa concesionaria se hiciera cargo de la subida para evitar que repercutiese directamente en los recibos”, defendiendo que entonces la actual alcaldesa proponía que el coste lo asumiera Aqualia y no las arcas municipales. “Una propuesta que ahora no se atreve a hacer”, reprochó.
La portavoz denunció que, a finales de 2023, “ese mismo incremento pasó a aplicarse directamente a los vecinos” y que hoy el Gobierno local vuelve a plantear repercutirlo en las familias. También criticó la “falta de transparencia” de la alcaldesa, señalando que “ha decidido de manera unilateral no emitir el pleno en la televisión pública”.
VOX sostiene que la aplicación del IPC en el contrato del suministro de agua “no es una obligación legal, sino una decisión política”, derivada de las condiciones pactadas con la concesionaria. Infantes recalcó que no comparten “esta medida injusta e impopular” que afecta a “familias, autónomos y empresas” de la ciudad.
En su intervención, la edil recordó que los vecinos ya soportan otras subidas de impuestos y tasas, como la reciente subida de la tasa de basura, y acusó al Ejecutivo local de “cargar sobre los bolsillos de los vecinos las consecuencias de su gestión”.
“VOX no va a ser cómplice de esta injusticia. Es el Ayuntamiento quien debe asumir la subida contractual del IPC, y no el sanluqueño de a pie. Sanlúcar necesita un gobierno que defienda a sus vecinos, no que los utilice como fuente de financiación para tapar su mala gestión”, concluyó Infantes.
