La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha informado de que la reunión extraordinaria del consejo de administración de Elicodesa, celebrada este lunes, “ha vuelto a poner de manifiesto” el bloqueo que, según ha señalado, mantienen PP y PSOE en el funcionamiento de la empresa municipal de limpieza de colegios y dependencias municipales.
Según ha explicado Álvarez, en calidad de presidenta del consejo planteó que continuara como apoderado el técnico que venía ejerciendo estas funciones y que figura como tal en la Notaría y el Registro Mercantil. La regidora ha asegurado que dicho profesional había llevado a cabo “una gestión impecable”, una valoración incluida en el comunicado municipal, y que los resultados avalaban su continuidad. La propuesta fue rechazada por ambos grupos de la oposición.
Por su parte, el comité de Elicodesa ha respondido a la alcaldesa y le ha exigido desbloquear el pago de las nóminas. La representación sindical ha negado en un comunicado estas afirmaciones de la presidenta de la empresa y reclama una solución “urgente” para el personal
El Ayuntamiento ha detallado que, bajo la dirección de este apoderado, Elicodesa habría reducido más de 400.000 euros en pérdidas, dejando atrás la situación de causa de disolución. También se habrían abonado las antigüedades pendientes correspondientes a 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, además de actualizarse los pagos desde 2023. La nota añade que se ampliaron jornadas laborales de seis a ocho horas, se reforzó la planificación del personal, se implantó un control de gastos, se promovieron auditorías y se activaron un plan de igualdad y un protocolo antiacoso, además de mantenerse contacto permanente con las direcciones de los centros educativos.
Ante la negativa de PP y PSOE a mantener a este técnico, Álvarez propuso que las funciones de apoderado recayeran en el asesor jurídico de la empresa. Según ha indicado, esta opción también fue rechazada.
En su lugar, la oposición planteó que fuera la presidenta del consejo quien asumiera las tareas de apoderamiento. La alcaldesa ha subrayado que la legislación no atribuye estas funciones administrativas —como la firma de nóminas o la ordenación de pagos— a la presidencia de una empresa pública, sino a personal técnico habilitado o designado mediante acuerdo del consejo. Este modelo, ha señalado, garantiza la continuidad del servicio y reparte responsabilidades conforme a la preparación y competencias de cada puesto.
Álvarez ha insistido en que su papel como presidenta es asegurar el cumplimiento de la normativa, la fiscalización y la supervisión de la gestión, así como el buen funcionamiento de la empresa municipal. En esta línea, ha reiterado que “delegar en personal técnico cualificado no es eludir responsabilidades”, sino seguir el modelo legal de gestión pública.
La regidora ha criticado que PP y PSOE, con mayoría en el consejo de administración, “han generado un problema donde no lo había”, y ha advertido de que esta situación afecta incluso a la gestión de las nóminas de la plantilla. Álvarez ha instado a ambas formaciones a “reconsiderar su actitud”, apelando al impacto que estas decisiones pueden tener en el uso del dinero público y en la estabilidad del servicio que presta Elicodesa a la ciudadanía sanluqueña.
