“En todo momento se ha mantenido la partida presupuestaria y la voluntad política para construir las 32 viviendas de protección oficial proyectadas en Vejer”. Con estas palabras ha aclarado el diputado provincial y consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, el papel de la Diputación en esta promoción, durante su intervención en el Pleno de octubre, en el que el equipo de Gobierno vejeriego, con su alcalde Antonio González Mellado al frente, escenificó una protesta por un supuesto agravio comparativo con otros municipios.
El diputado explicó la situación en la que se encuentra este proyecto, argumentos que también han sido remitidos por escrito al Consistorio vejeriego. “Los trabajos técnicos están definidos; estaremos encantados de dotar de un nuevo impulso a este proyecto una vez podamos aclarar su viabilidad económica. Reiteramos nuestra solicitud en este sentido al Ayuntamiento de Vejer para que cumpla con sus compromisos”, reza dicho escrito, en el que se alude a una deuda viva de 140.000 euros que mantiene el Ayuntamiento con la empresa provincial y que debe saldarse para acometer la segunda fase del proyecto, que se remonta a 2010, con un gobierno municipal socialista.
En este sentido, la Diputación ya ha cumplido con el requisito de garantizar la viabilidad técnica del proyecto, y también existe un registro de demandantes de vivienda pública. Además, la Empresa Provincial de Vivienda ha asumido un sobrecoste de 160.000 euros para solventar un proceso judicial con la empresa Moneleg que paralizaba el proyecto, y del que no se espera compensación por parte del Ayuntamiento como muestra del compromiso de la Diputación con esta promoción.
Garantizada la viabilidad técnica y con el registro de demandantes activo, solo falta la garantía de viabilidad económica para poder encarar la segunda fase, que requiere el pago de la deuda pendiente por parte del Ayuntamiento. En este sentido, el diputado ha expresado al alcalde de Vejer que queda “a su entera disposición para desbloquear la segunda fase que nos refieren” y que se ofrecerán facilidades de pago para que puedan afrontar dicha deuda.
La empresa de Vivienda ha solicitado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Vejer el pago de deudas que continúan aumentando, derivadas, entre otras, de la obra de 52 viviendas en la calle Granados, que a día de hoy ascienden a más de 140.000 euros, además del coste económico derivado de la negativa del Ayuntamiento a aceptar la cesión gratuita de dos locales en la promoción de 73 VPO, que han supuesto hasta ahora casi 61.000 euros en impuestos locales y estatales. Comprometer una segunda fase de estas obras sin haber cubierto estas deudas sí podría considerarse un agravio comparativo con respecto a otros municipios[1] .
El diputado ha negado que haya agravios ni que no se haya respondido al Ayuntamiento: “En esta Diputación se ha atendido a Vejer de la misma manera que al resto de municipios”, ha aseverado Cossi, quien recordó que están en marcha proyectos habitacionales en localidades como San Roque, Trebujena, Algodonales, Paterna y Medina Sidonia. El diputado ha insistido en que “no hay ninguna duda de que se está trabajando con total claridad y priorizando los objetivos de esta Diputación de asistir a los municipios más pequeños y con mayores necesidades, independientemente de los colores políticos”.
Por ello ha enfatizado que estos asuntos complejos desde el punto de vista legal y técnico, “se resuelven trabajando, no con fotos ni performances”. Así se ha mostrado dispuesto a colaborar para resolver el balance negativo de esta promoción, presupuestada en 4,2 millones para 32 VPO, y que actualmente estima un déficit de 290.00 euros.
La Empresa Provincial de Vivienda mantiene actualmente[2] nueve viviendas en régimen de alquiler de una promoción propia de 73 en Vejer, que suponen un reto de gestión y financiación, procurando el acceso a aquellas viviendas que se ajustan a las exigencias del Registro de Demandantes de VPO del municipio.
