El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha rechazado esta semana la aprobación inicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa que debía permitir al municipio cumplir con las obligaciones legales establecidas en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que afecta a ciudades de más de 50.000 habitantes, y que es de obligado cumplimiento para las entidades locales.
La propuesta, presentada por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, contemplaba la creación de zonas restringidas al tráfico en el centro urbano y en áreas consideradas de especial sensibilidad, como entornos escolares, sanitarios o residenciales vulnerables. El texto incluía también excepciones para residentes, trabajadores, vehículos de emergencia, servicios esenciales y personas con movilidad reducida, así como un régimen de aplicación “progresiva y flexible”, con franjas horarias diferenciadas.[Puede consultar el documento completo de la ZBE aquí]
El rechazo conjunto de los grupos municipales del PP, PSOE y VOX ha impedido por el momento que Sanlúcar disponga de una regulación local sobre esta materia. Según el Gobierno municipal, la falta de aprobación de esta ordenanza pone en riesgo el acceso a fondos europeos y estatales destinados a la movilidad sostenible, entre ellos los que financian eel transporte público urbano.
Bronca a cuenta de las dietas
Durante el mismo pleno, la oposición trató de llevar a debate la propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Ayuntamiento y sus grupos políticos. La oposición de PP, PSOE y VOX llevaba meses trabajando en este documento que finalmente no pudo ser debatido en el Pleno al no contar con los informes técnicos necesarios. La alcaldesa recriminó que el único interés de la oposición pasaba por “que cada concejal de la oposición reciba una dieta de 450,75€ por asistencia a pleno”. “Se trata de una dieta que nunca antes se ha cobrado”, aseguraba Carmen Álvarez.
Lejos de esto, fuentes de la oposición han señalado a Barramedia que el documento propuesto pretendía establecer una cantidad fija de asignación económica por grupo municipal de 2.500€, independientemente del número de concejales, y que los concejales no liberados percibieran una dieta única con la cantidad referida por la alcaldesa.
En la actualidad, los grupos políticos municipales reciben de manera mensual una cantidad fija de 102,51€ y otra variable de 650,75€ en función del número de concejales. Así pues, durante toda la legislatura el Partido Popular habría venido recibiendo 5.959,26€, en concepto de sus nueve concejales. Izquierda Unida y Partido Socialista, ambos, 4.657,76€ por sus siete concejales. Por último estaría VOX, que recibe 1.404,01€ cada mes por sus dos concejales.
Con el cambio de reglamento, según el borrador de la propuesta ideada por PP, PSOE y VOX, los grupos políticos municipales percibirían una cantidad fija de 2.500€ en concepto de funcionamiento y cada uno de sus concejales no liberados ingresaría los 450,75€ referidos por la alcaldesa en concepto de dietas. Cada grupo municipal fuera del gobierno tiene la posibilidad de liberar a una persona, que de ser concejal no tendría derecho a percibir estas dietas.
Con la nueva propuesta, los grupos municipales con más de cuatro concejales, en comparación con el reglamento actual vigente, saldrían perdiendo en cuanto a recursos económicos se refiere, que son los que le permiten desarrollar su actividad política a nivel municipal y preparar las campañas electorales. El PP perdería 3.459,26€ mensuales y tanto PSOE como IU dejarían de ingresar 2.157,76€. El único partido que ganaría es VOX, que vería incrementada su partida en 1.095,99€ al contar únicamente con dos concejales.
En la actualidad, las únicas personas liberadas de la corporación municipal y que, por tanto, no recibirían dietas, son los siete concejales de Izquierda Unida, el portavoz del PSOE y la portavoz de VOX. De los concejales de Izquierda Unida, la alcaldesa percibe una retribución anual de 54.303,06 €, mientras que los seis delegados restantes tienen una dedicación exclusiva de 46.187,54 € anuales. Tanto el portavoz del PSOE como la de VOX están al 60%, lo que se traduce en un sueldo de 27.712,52 € al año.
El borrador del reglamento contempla la incompatibilidad de las dietas con la dedicación a la función pública, ya sea parcial o exclusiva, por lo que quienes percibirían estas dietas serían los 16 concejales restantes, 450,75€ cada uno de ellos, con un gasto mensual total de 7.212 euros que saldría de las arcas municipales.
