El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la entrada en funcionamiento en Andalucía de la primera fase de implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la que la Junta de Andalucía ha cumplido con responsabilidad y de forma controlada. Esta transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, con la reordenación de 4.000 funcionarios, ha tenido que ser afrontada por la Junta de Andalucía en solitario ante la falta de apoyo técnico y económico del Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
En concreto, la inversión inicial del Gobierno andaluz, que el 11 de junio de 2025 instó al Gobierno de España a dotar a Andalucía de los medios económicos necesarios para esta transformación del sistema, va a superar los 54,4 millones de euros en su primera fase, que afecta a los 70 partidos judiciales con juzgados Mixtos y de Violencia sobre la Mujer. Éstos son más del 82% de los 85 existentes en Andalucía. Además, los 94 Juzgados de Paz de estos 70 partidos judiciales se han transformado en Oficinas de Justicia Municipales, que amplían sus funciones, y las Oficinas de Registro Civil se han configurado como unidades autónomas.
Según el ajustado calendario previsto en la ley estatal, la segunda fase debe entrar en vigor el 1 de octubre de 2025, que en el caso de Andalucía afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella, todos en la provincia de Málaga), con aproximadamente 250 trabajadores. El 31 de diciembre de 2025 la reforma llegará a su tercera y última fase, en la que se incluyen las ocho capitales de provincia y a Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril, y que afectará a 5.000 profesionales. El coste total estimado alcanza los 57 millones de euros, un importante esfuerzo para la Junta de Andalucía, ya que la ley estatal carece de memoria económica.
La adaptación requiere adecuar espacios en los edificios judiciales para hacerlos más flexibles y diáfanos, al pasar de órganos unipersonales con sus correspondientes plantillas a tribunales colegiados con servicios comunes y los funcionarios agrupados en un nuevo modelo de Oficina Judicial. La nueva estructura implica también incorporar espacios de atención al público y de consulta del expediente digital y adaptar el sistema de gestión procesal @driano así como los servidores y equipos informáticos.
Para poner en marcha la nueva estructura de la Oficina Judicial, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha negociado con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajo, con nuevos puestos de jefatura y coordinación con los correspondientes complementos, y ha incrementado la plantilla en 81 plazas para esta primera fase, destinadas a jurisdicciones con mayor carga de trabajo, como la Violencia sobre la Mujer, y a partidos judiciales en zonas rurales, favoreciendo así la cohesión territorial y el asentamiento poblacional.
Todo ello ha supuesto un esfuerzo de gestión sin precedentes, tanto por la magnitud de la reforma como por los ajustados plazos establecidos, y un importante esfuerzo presupuestario ante la falta de apoyo técnico ni económico del Gobierno de España y dado que el presupuesto de la Junta de Andalucía ya estaba aprobado cuando se publicó la Ley. A pesar de ello, la Junta de Andalucía ha asumido el reto con responsabilidad, creando incluso una Unidad Administrativa de Apoyo a la Consejería de Justicia, formada por funcionarios procedentes de los órganos judiciales, y en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Fiscalía Superior de Andalucía y la Secretaría de Gobierno del TSJA.
Para evitar incertidumbres, se ha ofrecido información y formación al personal de la Administración de Justicia dependiente de la Junta de Andalucía. Una Comisión compuesta por los secretarios generales provinciales de Justicia de las delegaciones territoriales junto con los secretarios coordinadores judiciales de cada provincia han visitado cada una de las sedes correspondientes a los 70 partidos judiciales que se integran dentro de la fase 1 y se ha reunido con los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de dicha sede para analizar la mejor forma de adecuarse a la ley en cada caso concreto.
Por provincias, en Almería se han adaptado todos los partidos judiciales menos el de la capital, es decir, Berja, El Ejido, Huércal-Overa, Purchena, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio y Vera; mientras que en Cádiz afecta a los de Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique.
En Córdoba también se ha aplicado desde el 1 de julio de 2025 el nuevo modelo a todos los partidos judiciales menos al de la capital, que son los de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil; mientras que en Granada afecta a Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Santa Fe.
En las provincias de Huelva y en Jaén afecta a todos excepto a las dos capitales, esto es, los partidos judiciales onubenses de Aracena, Ayamonte, Moguer, La Palma y Valverde del Camino; y a los jienenses de Alcalá la Real, Andújar, Baeza, La Carolina, Cazorla, Linares, Martos, Úbeda y Villacarrillo.
En la provincia de Málaga, los tribunales de instancia han comenzado a funcionar en Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Ronda, Torrox y Vélez-Málaga. Por último, en Sevilla se implanta en todos los partidos judiciales menos en el de la capital, es decir, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera.
