La nueva Ley del Patrimonio de Andalucía continúa su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad en la Cámara andaluza con el objetivo de dotar a la comunidad de un marco moderno, eficaz y transparente para la gestión de los bienes propiedad de la Junta. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha subrayado que se trata de una ley “trascendental para el buen gobierno y la modernización de la Administración andaluza”, que ordena y convierte el patrimonio público en una herramienta activa de desarrollo económico y social al servicio de los andaluces.
“Con esta ley, Andalucía gana orden, gana control, gana confianza. Y, sobre todo, gana la garantía de que lo que es de todos se gestionará con criterios de eficacia y utilidad pública”, ha afirmado la consejera, para contrastar que “lo que antes era despilfarro, hoy son recursos que se reinvierten en sanidad, educación o servicios sociales. Esa es la mejor política social: gestionar bien lo que es de todos”.
La responsable económica del Gobierno andaluz recordó durante su intervención en el Pleno del Parlamento que la actual Ley del Patrimonio de Andalucía data de 1986, lo que la convertía en la norma patrimonial más antigua de España. “Después de casi cuarenta años, Andalucía no podía seguir gestionando su patrimonio del siglo XXI con una ley del siglo pasado. Era una cuestión de responsabilidad y de respeto a lo que es de todos los andaluces”.
De la desorganización a la gestión responsable
España ha desgranado que el nuevo texto legislativo introduce instrumentos innovadores de gestión y control, como el Inventario General digitalizado o la Plataforma de Publicidad Patrimonial, que permitirá a cualquier ciudadano conocer qué bienes posee la Junta, su uso y las operaciones patrimoniales que se realicen.
“Esta ley no mercantiliza el patrimonio; lo ordena y lo profesionaliza. Pone fin a la improvisación, refuerza la seguridad jurídica y garantiza la transparencia”, ha recalcado la consejera.
Además, la norma establece por primera vez un régimen sancionador propio para proteger los bienes públicos frente a usos indebidos, simplifica los procedimientos administrativos y dedica un título específico a la economía circular, impulsando la reutilización y reciclaje de bienes en desuso.
Así, la consejera ha recordado que en 2019 el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con una gestión patrimonial marcada por el desorden y la falta de control, sin inventario fiable ni conocimiento exacto del número, estado o localización de los bienes de la Junta.
“Nos encontramos edificios abandonados, inmuebles embargados y un patrimonio sin uso que generaba millones de euros en costes”, explicó, “el reflejo más claro del desorden que imperaba en la Administración andaluza”.
Frente a esta situación, el Gobierno andaluz puso en marcha un nuevo modelo de gestión integral, con resultados concretos: seis subastas públicas realizadas con plena transparencia, más de 138 millones de euros en ingresos y un ahorro anual superior al millón de euros en mantenimiento e impuestos.
Una ley al servicio de Andalucía
Carolina España también ha resaltado la puesta en marcha del Plan Estratégico de Sedes Administrativas, que ha permitido reducir un 60% el gasto en alquileres, generando ahorros anuales de 36,5 millones de euros, y la reestructuración del sector público instrumental, con otros 4,5 millones de ahorro anual.
“El patrimonio público no es un conjunto de bienes inmóviles, es la expresión material del esfuerzo de toda una comunidad. Nuestra obligación es gestionarlo con rigor, con transparencia y con responsabilidad”, afirmó la consejera.
Asimismo, España ha señalado que la nueva ley refuerza las cesiones gratuitas a ayuntamientos y entidades sociales para fines públicos, como la promoción de vivienda o equipamientos comunitarios. “Por primera vez, Andalucía contará con un instrumento normativo que facilita la reutilización de inmuebles con fines sociales. Esta ley nace con una clara vocación de servicio público”, ha explicado la consejera.
La Ley del Patrimonio de Andalucía, elaborada tras cuatro años de trabajo técnico y con la participación de más de una treintena de entidades, ha recibido el respaldo de todos los órganos consultivos, incluyendo el Consejo Consultivo de Andalucía, que ha destacado su “pulcritud y rigor técnico”.
